Corte Suprema señala que campaña de Gustavo Petro Presidente habría manipulado facturas para no violar topes

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en ponencia del magistrado Misael Rodríguez, remitió en las últimas horas una compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en los reportes de gastos de su campaña presidencial.

La decisión se dio tras más de dos años de investigación en el marco de un proceso que involucró a 20 congresistas, y que permitió establecer, según la Corte, que la campaña “Petro Presidente” habría falseado sus gastos reales con el objetivo de no sobrepasar los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Uno de los hallazgos clave del expediente, consignado en un documento de 10 páginas, se refiere a un contrato de transporte aéreo suscrito con la firma Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. (Sadi), por un valor de $2.324 millones de pesos, que fue dividido en dos facturas: una de $1.109 millones a nombre de Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial, y otra de $1.215 millones a nombre de Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de la campaña al Senado y actual ministro de Salud.

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Sin embargo, la Corte determinó que los vuelos contratados beneficiaron exclusivamente a la campaña de Gustavo Petro a la consulta interna del Pacto Histórico, y no a los candidatos al Senado. De hecho, ningún congresista usó estos vuelos. Incluso, fueron coordinados por Laura Sarabia, entonces encargada de la agenda del candidato.

“La Sala encontró probado (…) que el servicio de transporte aéreo facturado a ambas campañas correspondió a un servicio unitario suministrado de manera exclusiva a la campaña a la consulta interna, y que, en consecuencia, debía ser cargado como gasto de dicha campaña en los informes financieros”, señala el documento.

La motivación detrás de esta división, según la Corte, habría sido evitar que la campaña superara el tope permitido por el CNE. Sin incluir el contrato con Sadi, la campaña de Petro reportó gastos por $8.717 millones, apenas $40 millones por debajo del tope legal, que era de $8.758 millones. Si se hubiera reportado el costo total del transporte, los gastos habrían ascendido a $9.933 millones, superando ampliamente el límite establecido.

La Corte también evidenció que ambos contratos de transporte se firmaron el mismo día, el 7 de febrero de 2022, y que los vuelos incluidos en la factura al Senado fueron realmente utilizados por el entonces precandidato Petro y su equipo.

Dado que la Corte no tiene competencia para investigar al Presidente de la República, trasladó el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que deberá determinar si se configuró una violación a las normas electorales y si existen responsabilidades penales o disciplinarias por parte del mandatario y su equipo de campaña.

“En consideración al fuero integral del mandatario, se compulsará copia ante la Comisión de Investigación y Acusaciones para que inicie las investigaciones del caso”, concluyó la Sala.