Opinión

¿Estrategia?

Adriana Bermúdez

Adriana Bermúdez

Creyente en que con la verdad, todo se puede. Comunicadora social, Magíster en Administración.

El Gobierno Petro tomó otra medida que, además de impopular, tiene grandes consecuencias para el país: el alza en la gasolina. Amparado en que el Gobierno Duque dejó un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) de unos 10 billones trimestrales, tomó la decisión de incrementar el precio para reducir dicho déficit, aunque el Presidente Petro aclaró en su Twitter “No tocaremos los derivados del ACPM”.

Actualmente, “la inflación en Colombia acumula registros históricos que no se veían hace 23 años, en agosto de 2022 llegó a 10,84 %, la más alta desde abril de 1999” según Valoraanalitik.com, lo que hace pensar que no es el momento más indicado para tomar esta medida que, además, puede desembocar en lo que ha manifestado el ministro de Hacienda: retirar los subsidios. Este incremento en el precio de la gasolina tendrá un impacto en toda la economía, debido a que todo lo que transporta nuestra cadena de consumo, necesita gasolina para poderse mover. Desde las frutas y las verduras, hasta los electrodomésticos, muebles y vehículos, son despachados en medios de transporte que requieren de gasolina para poderse mover. Este incremento solo ocasionará un aumento en el precio de todos los productos al comprador, porque recordemos que siempre es el consumidor final quien termina asumiendo los sobrecostos de la cadena.

Seguidores del gobierno como Roy Alejandro Barreras, hijo del presidente del Congreso, sugiere en su Twitter que el alza “no sólo mitiga el déficit del FEPC, sino que orienta al público de las ciudades al transporte alternativo”, un transporte que también deberá subir de precio para poder sostenerse. Esta alternativa hace parecer esto, además de inconveniente, una estrategia. ¿Realmente creen en el Pacto Histórico, que los sistemas masivos de transporte como el MIO o el TransMilenio, están en capacidad de atender a más usuarios? ¿No estaban en Cali, analizando la posibilidad de acabar con el Sistema de Transporte Masivo? Esto termina pareciendo más, una estrategia del Gobierno para darle un salvavidas a empresas que han demostrado total incompetencia e inoperatividad para garantizar su sostenibilidad, empresas necesarias, pero fallidas. Parece que ahorcar la economía de los colombianos permitirá a estas empresas sostenerse en el tiempo, aunque no hay garantía en que sean mejorar su capacidad de servicio.

Esperemos que, quienes toman la medida, tengan la empatía y consciencia suficientes para pensar en quienes se verán afectados de manera directa, analizando la posibilidad de hacer los ajustes de manera escalonada, paulatina, para impactar el bolsillo de los colombianos de la manera menos abrupta posible. Porque es claro que, con estas medidas, afectado seguirá.

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