Fiscalía judicializa al alcalde de San Antonio por presuntas irregularidades en contrato millonario

La Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio, Tolima, José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández, por su presunta responsabilidad en graves irregularidades detectadas en un contrato para la adquisición de llantas destinadas a una motoniveladora.

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En el mismo proceso fueron judicializados, en calidad de intervinientes, los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, a quienes se les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando, según la investigación, el mandatario local y el secretario de Planeación se habrían interesado indebidamente en favorecer a un consorcio integrado por Durán Briñez y Zambrano Hernández. El objetivo habría sido contratar repuestos de maquinaria pesada por un valor superior a los 33 millones de pesos, pese a que la normativa de mínima cuantía solo permitía una contratación de hasta 29.978.789 pesos.

De acuerdo con el material probatorio, la propuesta comercial que sirvió de base para el proceso contractual habría sido elaborada por el propio secretario de Planeación y entregada a los contratistas. Dicha cotización, con presuntas irregularidades, superaba otras dos propuestas que se ajustaban a los precios reales del mercado.

La Fiscalía también estableció que los valores consignados en las cotizaciones habrían sido alterados y que una de las firmas no correspondía con la del supuesto proponente, quien además no presentó dicho documento ante la Alcaldía de San Antonio.

Con estas cotizaciones presuntamente adulteradas, el alcalde habría adelantado la invitación pública y tramitado todo el proceso contractual, que finalmente fue adjudicado al consorcio investigado. En ese contexto, Durán Briñez actuó como representante legal del consorcio y firmó los actos precontractuales y contractuales, mientras que Zambrano Hernández aportó documentos para sustentar la supuesta experiencia del grupo empresarial.

Durante las audiencias, ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.