Gobernadora del Tolima advierte millonario golpe fiscal por decreto de emergencia económica

Durante la reunión de gobernadores convocada por el Ministerio de Hacienda, la gobernadora del Tolima expuso ante el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, una explicación técnica detallada sobre los efectos que tendría el Decreto 1474 de emergencia económica en las finanzas y en la economía del departamento.

Según los cálculos presentados por la mandataria, la aplicación directa del decreto implicaría que el Tolima deje de recibir cerca de $11.000 millones en el corto plazo. A esta afectación se suma una reducción aproximada del 30 % en los recursos que actualmente transfiere la Fábrica de Licores del Tolima, situación que impactaría de manera directa la inversión social del departamento.

La gobernadora explicó que, de mantenerse vigente la medida, el impacto total podría ascender a cerca de $52.000 millones en los próximos años. Este escenario estaría asociado a la caída en las ventas, la pérdida de participación en el mercado y el debilitamiento de las marcas propias del Tolima, pilares fundamentales para la sostenibilidad financiera del ente territorial.

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Durante su intervención, la mandataria también alertó sobre un fuerte aumento en los precios de varios productos. De acuerdo con sus estimaciones, los vinos podrían registrar incrementos entre el 124 % y el 140 %, mientras que los aguardientes y rones tendrían alzas entre el 94 % y el 105 %. Este panorama, advirtió, podría incentivar el crecimiento del mercado informal, reduciendo los ingresos departamentales y generando riesgos adicionales para la salud pública.

Tras exponer las cifras, la gobernadora manifestó su inconformidad con el proceso de expedición del decreto y señaló que los departamentos no fueron escuchados previamente. En ese contexto, hizo un llamado directo al Gobierno Nacional para excluir a los licores y cigarrillos del alcance de la medida.

“Pedimos que se excluya del Decreto 1474 a los licores y cigarrillos”, afirmó, al recalcar que su posición no busca confrontar al Gobierno Nacional, sino defender de manera legítima los intereses de los territorios y de las comunidades que representan.

Finalmente, la mandataria subrayó que en un Estado Social de Derecho el diálogo y el disenso hacen parte del ejercicio democrático y del mandato constitucional otorgado por los ciudadanos.