Gobernadora del Tolima califica decreto de emergencia económica como un “asalto” a los recursos territoriales

Durante el primer Encuentro de Gobernadores convocado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lanzó una fuerte crítica al Decreto de Emergencia Económica 1474, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre, al considerar que la norma afecta de manera directa la autonomía fiscal de los departamentos.

En su intervención ante los mandatarios regionales, Matiz aseguró que el decreto representa “un asalto desde la centralización a las entidades territoriales y un raponazo a sus recursos”. Por esta razón, propuso analizar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente a la norma y, de forma paralela, presentar un pronunciamiento directo ante la Corte Constitucional, más allá del estudio que actualmente adelanta el alto tribunal sobre la declaratoria de emergencia.

“La discusión no puede limitarse únicamente a la validez de la emergencia. Es indispensable que la Corte evalúe la violación a la autonomía territorial y las afectaciones reales que este decreto genera en los departamentos”, señaló la gobernadora.

Uno de los aspectos más cuestionados por la mandataria fue el artículo 15, parágrafo segundo, el cual limita el recaudo departamental al establecer que todo ingreso que supere el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre 2025 y 2026 debe ser transferido a la Nación. La disposición también obliga a realizar liquidaciones mensuales y a girar dichos recursos en un plazo máximo de 15 días.

Según Matiz, esta medida castiga la gestión territorial, ya que cualquier esfuerzo adicional de recaudo termina en manos del Gobierno Nacional. “Es, literalmente, un raponazo a los recursos de las entidades territoriales”, afirmó.

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La gobernadora también advirtió que el decreto carece de rigor técnico y legislativo, y alertó sobre posibles efectos negativos en la lucha contra el contrabando de licores. Citando estudios de la FND, recordó que el 29 % del licor consumido en Colombia es adulterado o de contrabando, y sostuvo que la nueva reglamentación podría agravar esta problemática, con impactos en la salud pública y mayor presión sobre los servicios de urgencias.

En el ámbito jurídico, Matiz argumentó que no existe conexión material ni necesidad entre el fin del decreto y el mecanismo utilizado, que es la apropiación de impuestos territoriales. Además, señaló una presunta violación al principio de certeza tributaria, consagrado en el artículo 338 de la Constitución.

Para concluir, la gobernadora hizo un llamado a los gobernadores del país a revisar la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, enviar un escrito propio a la Corte Constitucional y adoptar una posición unificada frente a lo que calificó como un grave atropello a la autonomía fiscal de las regiones.