¡Indignante! Línea de denuncias del Grupo Operativo Anticontrabando Tolima – GOAT lleva más de 6 meses fuera de servicio

Hace apenas dos semanas, la Gobernación del Tolima y su Secretaría de Hacienda presentaron con gran despliegue mediático el Grupo Operativo Anticontrabando Tolima, una estrategia que fue promocionada bajo el lema “Con Seguridad Legal en el Territorio”. El objetivo: combatir el contrabando de licor y cigarrillos adulterados en el departamento, proteger la salud pública y fortalecer las finanzas del Tolima.

Sin embargo, lo que parecía una iniciativa seria y prometedora ha sido rápidamente opacada por una preocupante realidad: la línea telefónica 316 023 6866, que aparece como canal oficial de denuncias en toda la publicidad institucional, está fuera de servicio desde hace más de seis meses.

La redacción de Tolima Online recibió múltiples quejas de ciudadanos y comerciantes de municipios como Honda, Lérida y Fresno, quienes expresaron su frustración al intentar comunicarse por esa vía para reportar irregularidades en la comercialización de productos ilegales. “Es increíble que inviertan en publicidad con un número que no funciona. ¿De qué sirve montar un operativo si no hay cómo denunciar?”, se preguntó un comerciante de Honda que prefirió mantener su nombre en reserva.

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La situación genera profunda preocupación, no solo por el evidente descuido administrativo, sino por el impacto que esto podría tener en las finanzas del departamento, ya que el contrabando afecta directamente la recaudación por rentas de productos gravados como el licor y el tabaco. Cabe recordar que estos recursos son fundamentales para la inversión social en salud, educación y deporte.

La gran pregunta es: ¿Está enterada la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, de esta grave falla en una estrategia que lleva su sello? ¿Quién responde por este error logístico que pone en jaque la efectividad del operativo y el mensaje de legalidad que pretende promover la administración departamental?

Una estrategia sin herramientas básicas como una línea activa de denuncias, lejos de fortalecer la lucha contra el contrabando, termina siendo una burla al ciudadano y una pérdida de credibilidad institucional. La comunidad espera respuestas y, sobre todo, acciones concretas.