JEP señala a Mario Montoya y otros nueve generales por falsos positivos: 2.077 víctimas entre 2005 y 2008

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a diez generales retirados del Ejército Nacional como máximos responsables de contribuir a la expansión de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en Colombia. Entre los señalados se encuentra el general (r) Mario Montoya Uribe, quien fue comandante del Ejército durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La decisión, anunciada el 19 de noviembre de 2026, representa un avance trascendental en el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate por integrantes de la Fuerza Pública.
Según la investigación de la JEP, entre 2005 y 2008 se registraron 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes en este patrón criminal. La Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que las prácticas estuvieron relacionadas con presiones por resultados operacionales, incentivos por reportar muertos en combate y mecanismos que habrían permitido ocultar los crímenes.
Los diez generales señalados
Además de Mario Montoya, la JEP identificó a Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Luis Felipe Paredes Cadena, Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina, Guillermo Quiñónez Quiróz y José Joaquín Cortés Franco.
La decisión contempla dos caminos judiciales. Siete generales fueron llamados a reconocer responsabilidad, mientras que los procesos de Montoya, González Peña y Pico Hernández fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), debido a que manifestaron reiteradamente que no reconocerían responsabilidad por los hechos atribuidos.
Una investigación de enormes dimensiones
En el caso de Montoya, la JEP encontró elementos sobre presuntas presiones mediante metas cuantitativas, programas radiales, clasificaciones entre unidades militares e incentivos para incrementar las bajas en combate.
La investigación nacional estableció que entre enero de 2002 y diciembre de 2008 fueron asesinadas 2.702 personas en 1.625 hechos.
La decisión marca un momento determinante para las víctimas y sus familias, que durante años han exigido verdad, justicia y reconocimiento de responsabilidades por uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano.




