Juez anuló la imputación contra Daniel Quintero en el caso ‘Aguas Vivas’ y ordenó rehacer el proceso

Un juzgado de control de garantías de Medellín decretó la nulidad de la imputación de cargos formulada por la Fiscalía General de la Nación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y otros exfuncionarios investigados por el denominado caso ‘Aguas Vivas’, al concluir que el ente acusador presentó inconsistencias e imprecisiones en la exposición de los hechos atribuidos a los procesados. La decisión obliga a la Fiscalía a rehacer la diligencia si pretende continuar con el proceso penal. (El Colombiano.

Durante la audiencia, la jueza consideró que la imputación no cumplió con los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Código de Procedimiento Penal, al advertir confusiones sobre las conductas atribuidas a cada uno de los investigados y la forma en que presuntamente participaron en los hechos. En consecuencia, declaró la nulidad de la actuación desde la audiencia de imputación.

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El caso ‘Aguas Vivas’ está relacionado con presuntas irregularidades en decisiones administrativas adoptadas durante la alcaldía de Quintero sobre un lote ubicado en el occidente de Medellín, actuaciones que, según la Fiscalía, habrían favorecido intereses particulares y ocasionado un detrimento patrimonial. El exmandatario ha rechazado de manera reiterada las acusaciones y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.

Tras conocerse la decisión, la defensa de Daniel Quintero aseguró que el fallo representa un reconocimiento a las irregularidades advertidas desde el inicio del proceso y afirmó que la investigación deberá ajustarse a las garantías procesales. Por su parte, la Fiscalía anunció que estudiará la providencia para definir los pasos a seguir, entre ellos la posibilidad de presentar una nueva imputación con las correcciones señaladas por el despacho judicial.

Analistas jurídicos señalaron que la nulidad no implica el archivo de la investigación ni una absolución para los procesados, sino que obliga al ente acusador a corregir las falencias identificadas por la jueza antes de continuar con el proceso penal.