Juez avala principio de oportunidad con exasesora del Ministerio de Hacienda en caso UNGRD e INVIAS

Un juez de control de garantías avaló este lunes el principio de oportunidad suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien fungía como enlace con el Congreso de la República. La decisión implica inmunidad penal temporal para Benavides a cambio de su colaboración en el escándalo que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

El juez consideró que el acuerdo entre las partes se ajusta a derecho, por lo que dio luz verde a la inmunidad total que le ofreció el ente acusador. La Fiscalía se comprometió a suspender por un año —prorrogable— cualquier acción penal contra Benavides, en función de la utilidad de su testimonio, el cual ya fue valorado preliminarmente como relevante en materia penal.

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Como parte de los compromisos adquiridos, Benavides se comprometió a rendir declaración contra al menos 39 personas, entre ellas varios senadores y representantes a la Cámara. Su testimonio será clave para determinar posibles responsabilidades en la gestión y adjudicación de recursos públicos. Será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar si sus declaraciones permiten abrir nuevas investigaciones o fortalecer las ya existentes.

Actualmente, en dicha Sala avanza una actuación relacionada con el caso INVIAS, en el que figura un archivo en Excel con nombres de congresistas presuntamente interesados en contratos de obra pública. Esta investigación está a cargo del despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto.

Además, la exfuncionaria también estaría dispuesta a declarar ante la Fiscalía sobre otros funcionarios no aforados, como el asesor Jaime Ramírez Cobo. De igual forma, podría aportar información sobre ministros en ejercicio, entre ellos el actual titular de Hacienda, Ricardo Bonilla.

La declaración de Benavides se perfila como una de las piezas centrales en la estrategia de la Fiscalía para desentrañar la presunta red de corrupción político-administrativa que salpica a altos funcionarios y miembros del Congreso.