La Incansable Lucha de las Mujeres en la Política
“Compañeras, nos declaramos en huelga, porque nos oponemos a que siga existiendo acoso sexual, no estamos de acuerdo con seguir trabajando descalzas, necesitamos que nos permitan llegar calzadas, necesitamos que el oprobioso sistema de multas se suspenda y que se nos aumente tanto el ingreso económico de salarios, como los horarios de desayuno y almuerzo.” Betsabé Espinal, 11 de febrero de 1920.
Se acercan presurosa y acaloradamente las elecciones parlamentarias y las consultas populares de las llamadas “coaliciones”. Resulta por de más emocionante el ver tan alto número de mujeres participando en este proceso democrático. Transparencia por Colombia destaca que las listas preliminares al Senado quedaron conformadas con el 40% de mujeres y las de Cámara de Representantes con el 41,2%, lo que significa un avance frente a las elecciones de Congreso de 2018, donde el porcentaje de mujeres en las listas al Senado fueron del 33% y a la Cámara del 36%.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en ese mismo año, finalmente solo el 21% de las mujeres fueron elegidas para el Senado y el 19% para la Cámara, lo que los analistas atribuyen principalmente al acceso desigual de las mujeres a los recursos de financiación de las campañas políticas. Por ejemplo, para el Senado, por cada millón de pesos con los que contaba una candidata para su campaña, un candidato obtenía apoyos por 1.5 millones.
Esto demuestra que a pesar de que ha sido largo el camino recorrido por las mujeres para alcanzar la paridad de género, ésta aún no se ha logrado de manera plena.
Y es que dicha lucha comenzó el siglo pasado, en 1920, cuando en Antioquia, un grupo de cerca de 500 mujeres, declararon una huelga en la Compañía de Tejidos de Medellín ubicada en Bello, suscitando reacciones de simpatía y apoyo entre todos los sectores de la opinión pública.
Las edades del personal fabril femenino oscilaban entre los 13 y 25 años y representaban el 80% del total de empleados. Laboraban jornadas de más de diez horas ganando un 250% menos que sus compañeros varones a pesar de realizar las mismas labores. Debían trabajar “a pie descalzo”, soportando el acoso sexual de sus capataces. Lideradas por Betsabé Espinal lograron un aumento salarial del 40%, la expulsión de los capataces que las acosaban, el suministro de alpargatas y una jornada laboral de nueve horas.
Por la misma época, pero en otro contexto, crecería un movimiento feminista encaminado a obtener igualdad de condiciones civiles cuando se encontraron Georgina Fletcher y Ofelia Uribe. La primera era una escritora española radicada en Colombia; la segunda, una escritora, profesora, periodista y política santandereana.
En aquel entonces el código civil permitía la “Potestad Marital”, figura mediante la cual el matrimonio se convertía en una forma de despojar a las mujeres de su patrimonio, de impedir que tuvieran independencia económica y de obligarlas a aceptar todas las condiciones (incluyendo la infidelidad y maltrato de su marido) ya que los bienes de ellas pasaban de ser administrados por su padre a manos de su esposo. Dominar los recursos económicos permitía a los hombres tener la patria potestad, lo que obligaba a las mujeres a permanecer con sus esposos (bajo cualquier condición) para poder estar con sus hijos.
En 1930 Ofelia había apoyado al candidato liberal a la presidencia Enrique Olaya Herrera, con cuyo triunfo se ponía fin a más de cuarenta años de hegemonía conservadora.
En diciembre de ese mismo año se realizaría en Bogotá el IV Congreso Internacional Femenino, convocado por la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, representada en Colombia por Georgina y que contaba con el auspicio del presidente Olaya Herrera.
El Congreso tuvo una gran aceptación, a tal punto que logró completar el aforo total del Teatro Colón de Bogotá. Ofelia fue delegada ante el Congreso por el gobernador de Boyacá Celso Rodríguez. Allí presentó un trabajo sobre los derechos civiles de la mujer casada “invitando a la emancipación de las mujeres de su “condición de esclavas” y llamándolas a tomar conciencia sobre la importancia del proyecto de ley de Capitulaciones Matrimoniales”, explica Lola Luna en su libro El Sujeto Sufragista.
La ponencia de Ofelia influyó en el proyecto de Ley presentado al Congreso por el presidente Olaya Herrera, quien además conocía sus ideas, pues era un amigo cercano de la familia. La potestad marital se abolió en 1932 cuando se aprobó la Ley 28 o de Capitulaciones Matrimoniales, que les otorgaba a las mujeres el derecho de disponer libremente de sus bienes, contraer deudas, realizar otras transacciones financieras y comparecer por sí mismas ante la justicia. Sin embargo, la patria potestad continuaría estando únicamente en cabeza del padre hasta 1974.
Un año después con el decreto 227 de 1933 se permitió el acceso al bachillerato y a la universidad a las mujeres. En 1938 se graduaron las primeras seis. 50 años después (1989) estudiarían más mujeres que hombres en las universidades (52% versus 48% – Mujeres Latinoamericanas en cifras – 1993).
Con acceso a la educación y el dominio de su patrimonio, se presentaba un nuevo obstáculo a superar: el código penal castigaba el adulterio de las mujeres, pero omitía sancionar la infidelidad de los hombres. Exoneraba al marido que asesinara a la esposa infiel o le ofrecía, en caso de que no hubiera homicidio, la posibilidad de pedir prisión para “la culpable”.
En 1936, bajo la presidencia de otro presidente liberal, Alfonso López Pumarejo, se abolió el derecho de los hombres a imponer “la pena capital” sin juicio previo, dejando como rastre la figura de “la legítima defensa del honor”, lo que permitía disminuir la condena de un marido que en “estado de ira e intenso dolor” atentara contra su esposa. Esta concesión fue conservada hasta 1980.
De la misma manera, el presidente López Pumarejo incluyó en su reforma constitucional una cláusula que autorizaba a la mujer a desempeñarse en cargos públicos, paradójicamente sin haber sido declaradas ciudadanas.
Desde 1933 y hasta 1954, se presentaron en el congreso 11 proyectos de ley en búsqueda del sufragio femenino, pero, irónicamente, solo hasta 1954, bajó el régimen dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, se le concedió a la mujer el derecho al voto, el cual solo pudo ejercer hasta 1957, para votar el plebiscito en donde 1.835.255 colombianas participaron cerrando el gobierno del dictador militar y abriendo el régimen bipartidista del Frente Nacional.
El promedio de participación femenina en las corporaciones públicas, entre 1958 y 1974, durante el Frente Nacional, fue del orden de 6.79 mujeres por cada 100 hombres.
Fue precisamente en este último año, 1974, cuando por primera vez en la contienda electoral por la Presidencia, compitió una mujer: María Eugenia Rojas, hija del general Rojas Pinilla. Obtuvo el 9.4% de la votación. Sus contendores eran Álvaro Gómez Hurtado, conservador de derecha y el liberal Alfonso López Michelsen, fundador del MRL, quien se decía tenía cercanías y alianzas electorales con el Partido Comunista en los inicios de la alternación.
En la campaña de López Michelsen, las mujeres jugaron un importante papel organizadas en el Comité de Mujeres Liberales, conducido por María Helena Jiménez de Crovo, fundadora del MRL y nombrada posteriormente Ministra de Trabajo, una cartera considerada hasta el momento “masculina”.
Éste fue el primer gobierno en la historia de Colombia que inició su mandato presentando una nutrida nómina de gobernadoras, integrada por 13 mujeres que lo acompañaron en la dirección de los destinos de varios departamentos. Su principal legado para las mujeres fue el Decreto 2820 de 1974 en el que declaró la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, otorgándoles finalmente a las madres el derecho de la patria potestad de sus hijos de manera conjunta (o independiente) del padre.
En los últimos años la Ley 1257 de 2008 que sanciona las formas de violencia y discriminación contra las mujeres; la Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely que reconoció el feminicidio como un delito autónomo; la Ley 1773 de 2016 o Ley Natalia Ponce de León, que definió los ataques con ácido como delitos autónomos y no como “lesiones personales”, entre otras, han permitido que los delitos cometidos en contra de las mujeres sean penalizados con mayor severidad.
Han pasado 100 años desde que la mujer en Colombia trabajaba “a pie descalzo”, en jornadas de más de 10 horas, sin poder manejar su patrimonio, sometida a las humillaciones o acoso de sus superiores o de su propio esposo, obligada a permanecer en el hogar para no perder a sus hijos y sin la posibilidad de opinar ni menos participar en asuntos políticos.
Los tiempos han cambiado y ha llegado la hora de elegir y ser elegidas. Por nuestras antecesoras, por nosotras, por nuestras hijas debemos reivindicar este derecho y participar activamente en las próximas votaciones. No permitamos que otros sigan eligiendo por nosotras. Hemos cambiado la historia muchas veces y ahora podemos, entre todas, edificar un mundo mejor.
El Partido Liberal , el abanderado de los Derechos Humanos, y sobre todo los derechos de las mujeres y la participación social y política, tanto para las mujeres como para la juventud y el apoyo para las clases más vulnerables de Colombia. Considero ha dado muestras que las mujeres se empoderen desde la casa pequeña que es la mas importante como la familia para llegar a la casa grande que es el estado con el fin de que la mujer se empodere y pueda desde allí hacer las transformaciones para ella, su familia y su país