La Procuraduría requiere información sobre acciones ante inundación en la cárcel de Ibagué

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) un informe detallado sobre las medidas adoptadas tras la inundación ocurrida el 12 de marzo en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué (COIBA) Picaleña. La solicitud se centró en las acciones prioritarias tomadas para mitigar el riesgo y mejorar las condiciones del sitio de reclusión femenina, el cual resultó afectado por la emergencia.

En una comunicación enviada al director nacional de la USPEC, así como a los responsables de Infraestructura y de Construcción y Conservación, la Procuraduría pidió un reporte sobre las acciones inmediatas para solucionar los problemas en el área afectada. El bloque cuatro, donde funciona la Reclusión de Mujeres, presentó serias afectaciones debido a que los sifones devolvieron aguas servidas al área de sanidad y a la guardería, un espacio donde los hijos menores de tres años de las mujeres privadas de la libertad pernoctan y realizan actividades durante el día.

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Según la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima, la situación agrava las ya críticas condiciones de infraestructura del establecimiento, por lo que se requiere de medidas urgentes para prevenir mayores riesgos. Además, el ente de control recordó que en años anteriores, en el marco de la mesa de asuntos penitenciarios, ya había alertado sobre múltiples deficiencias encontradas durante el seguimiento preventivo realizado en el COIBA Picaleña.

El Ministerio Público reiteró su compromiso en velar por la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, especialmente en lo que respecta a la salud y el bienestar de los niños y niñas que hacen uso de estos espacios. A través de esta intervención, busca propiciar el diálogo entre las partes involucradas y evitar nuevas afectaciones en la población reclusa y en sus hijos.