.gif)
Nuevo escándalo en el FPC: FCF y Dimayor podrían recibir un fuerte castigo
El Ministerio del Trabajo anunció medidas administrativas sancionatorias contra la Federación Colombiana de Fútbol y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) debido a su presunta negativa para entablar negociaciones sobre el pliego de peticiones presentado por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) durante un período de cuatro años.
Este conflicto se remonta a septiembre de 2019, cuando más de mil futbolistas de aproximadamente 35 equipos respaldaron un conjunto de demandas destinadas a mejorar sus condiciones laborales.
Según el Ministerio, los máximos entes del fútbol en el país, violaron el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo al rechazar la posibilidad de discutir estas peticiones.
Le recomendamos leer: ¡Fin de la Novela! Luis Rubiales renunció a su cargo como presidente de la RFEF
Edwin Palma Egea, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, quien ha liderado varias conversaciones entre las partes con la participación de la OIT y la FIFA, afirmó: “El gobierno colombiano ha mantenido un expediente abierto en el Comité de Libertad Sindical de la OIT por este asunto durante años. Hemos intentado resolverlo a través del diálogo social, pero ha sido infructuoso. El Estado colombiano tiene obligaciones que estamos comprometidos a cumplir. Esperamos que en cualquier momento la Federación y la Dimayor inicien conversaciones en beneficio del fútbol como espectáculo, la afición y, por supuesto, los intereses de los futbolistas, quienes, al fin y al cabo, son trabajadores”.
El Auto establece que hay fundamentos para presentar acusaciones tanto contra la Federación como contra la Dimayor, aclarando que, aunque es cierto que estas organizaciones no son los empleadores directos de los futbolistas, no firman los contratos laborales ni pagan los salarios ni la seguridad social, sí tienen influencia en algunas relaciones jerárquicas que pueden ser objeto de negociación colectiva. Por lo tanto, tendrían la responsabilidad de iniciar las conversaciones.
Ambas entidades que podrían resultar siendo sancionadas con multas que oscilan entre 5 y 10 millones de pesos diarios por cada día de retraso en el inicio de las negociaciones del pliego.
