Procuraduría pide explicaciones a la Alcaldía de Ibagué por retrasos en compromisos del convenio con el COIBA

La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y al secretario de Gobierno Municipal, un informe detallado sobre los avances y gestiones realizadas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1557 de 2024, suscrito entre la administración local y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para fortalecer el funcionamiento del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Ibagué (COIBA).

La petición surge como parte de una actuación preventiva liderada por la Provincial de Instrucción de Ibagué, con el fin de anticipar situaciones que puedan vulnerar los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL) o afectar la adecuada gestión pública.

Durante una visita realizada a comienzos de 2025, el director del COIBA habría informado que la Alcaldía ha cumplido únicamente con el 30% de los compromisos pactados en el convenio firmado con el INPEC. Desde su firma, el centro penitenciario ha recibido al menos 600 personas privadas de la libertad, lo que ha generado una creciente presión sobre la capacidad operativa del sistema.

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Ante los retrasos, se dispuso una prórroga de cuatro meses para la ejecución del convenio, mientras que se reportó que la oferta para la adquisición de dos busetones, por un valor de $1.000 millones, ya fue publicada en la plataforma SECOP.

No obstante, la Procuraduría expresó preocupación por el impacto de estas demoras en la problemática del hacinamiento carcelario. Aunque en enero de este año se había logrado una reducción en la permanente central, actualmente se registra nuevamente un hacinamiento superior al 200%, según verificaciones realizadas por la entidad en visitas periódicas. Esta situación, de no ser atendida con urgencia, podría escalar nuevamente a los niveles críticos de años anteriores, cuando el hacinamiento llegó al 700% en promedio.

El ente de control recordó que el objetivo principal del convenio es aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, tecnológicos y logísticos para mejorar la infraestructura y la gestión del sistema carcelario en la región, e instó a la administración municipal a tomar acciones inmediatas y eficaces para cumplir con lo pactado.