Procuraduría ratifica suspensión de general del Ejército y funcionario de la DNI por presuntos vínculos con disidencias de las Farc

La Procuraduría General de la Nación ratificó la suspensión provisional del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, en el marco de una investigación disciplinaria que indaga presuntos vínculos y el suministro de información a miembros de las disidencias de las Farc. La decisión fue confirmada el pasado 23 de diciembre, luego de la publicación de archivos atribuidos a alias “Calarcá”.
Según el Ministerio Público, la medida cautelar tiene como objetivo evitar la posible reiteración de las conductas denunciadas y garantizar el adecuado desarrollo del proceso disciplinario. La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que la investigación busca esclarecer eventuales contactos con estructuras disidentes, así como la presunta entrega de códigos de frecuencia radiales de la Fuerza Pública.
Asimismo, se analiza un supuesto apoyo para la creación de empresas de seguridad privada que, presuntamente, habrían servido para legalizar armas y preparar escenarios ante una eventual ruptura de los diálogos con el Gobierno. En desarrollo de la actuación disciplinaria, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de los hechos señalados.
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El caso tomó relevancia pública tras un informe de Noticias Caracol, que reveló documentos atribuidos a alias “Calarcá”, en los que se menciona al general Juan Miguel Huertas, quien se desempeñaba como jefe del Comando de Personal del Ejército. Huertas había sido retirado del servicio y posteriormente reintegrado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la investigación periodística, un hombre de confianza del cabecilla disidente habría sostenido reuniones en Bogotá con el oficial para explorar la creación de una empresa de seguridad que serviría como fachada para legalizar armamento y facilitar la movilización de integrantes de las disidencias en vehículos blindados. En los documentos también se alude a supuestos apoyos atribuidos al general Huertas, presuntamente por sus vínculos cercanos con el presidente de la República.
La situación del general se complica con señalamientos adicionales. Tras conocerse los archivos de alias “Calarcá”, dos exoficiales del Ejército que reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo acusaron de haber facilitado falsos positivos en Antioquia cuando tenía el grado de capitán. Por estos hechos, la magistrada Catalina Díaz anunció que Huertas será llamado nuevamente a rendir versión voluntaria.
En cuanto a Wilmar Mejía, se investiga su presunto rol como intermediario para acercar organizaciones criminales a integrantes de la Fuerza Pública. La Procuraduría reiteró que la suspensión es una medida preventiva y no constituye un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de los investigados.





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