Según HRW 2025 fue una de las peores crisis humanitarias en Colombia de la última década

Human Rights Watch (HRW) concluyó que Colombia vivió en 2025 una de las peores situaciones humanitarias de la última década, según su informe mundial 2026, que analiza los hechos de derechos humanos ocurridos el año pasado. La organización señala que los abusos de los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los elevados niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas graves en el país.
El informe detalla que la violencia de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC contribuyó a un aumento de desplazamientos y confinamientos. Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citados por HRW, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas no pudieron salir de sus comunidades por amenazas o combates, y 544 civiles murieron o resultaron heridos por artefactos explosivos, un aumento del 145% frente al mismo periodo del año anterior.
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La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fue uno de los focos más graves de violencia, donde enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC obligaron a más de 64.000 personas a huir de sus hogares, constituyéndose en uno de los mayores desplazamientos masivos en décadas.
La Defensoría del Pueblo reportó un preocupante aumento en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, con 625 casos en 2024, cifra que representa un incremento del 81% respecto al año anterior y que, según HRW, siguió en alza en 2025.
El informe también destaca el impacto de la violencia política en el contexto electoral. La campaña previa a los comicios de 2026 se vio empañada por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025 tras un atentado sufrido meses antes, un hecho que conmocionó al país y demanda investigaciones judiciales profundas.
HRW subraya que estos hechos reflejan desafíos profundos para la protección de derechos civiles y políticos en Colombia, e insta a adoptar medidas urgentes para garantizar seguridad, justicia y respeto a las libertades fundamentales en un año electoral decisivo.




