Todo viene desde 1942, pero…¿Qué pasará en el 2022?

Siempre los derechos humanos en el centro de los diversos proyectos de Estado.

 

Hoy, miles de indígenas reunidos en La Minga llegaron a Cali, apoyados por diversos sectores sociales que simpatizan con su capacidad de organización y de lucha. La Minga es apenas una expresión de la resistencia indígena al desplazamiento, a la desaparición física de sus pueblos y etnias a lo largo de centenas de años; es la continuación de las largas luchas que han tenido que librar contra los invasores, primero los blancos europeos, luego los criollos herederos de los privilegios coloniales y los terratenientes que consolidaron sus propiedades a sangre y fuego desde las mismas guerras de independencia. La Cacica La Gaitana y Manuel Quintín Lame son apenas dos de los grandes líderes de esas luchas centenarias.

 

La resistencia indígena ha sido casi siempre acusada de estar al servicio de los intereses de la guerrilla, de una o de la otra, de las Farc o del ELN. Y no importa si las Farc desaparecieron como movimiento guerrillero, la acusación persiste. Y es posible que estas infiltraciones puedan darse, pero no por ello se puede aceptar que el movimiento indígena sea instrumento de los grupos armados. En múltiples ocasiones las comunidades indígenas debieron enfrentarse al poder armado de las Farc y, levantándose contra ellos sin más armas que sus bastones de mando, rescatar a miembros de sus comunidades secuestrados o reclutados forzosamente. La Constitución del 91 les dio un impulso a sus organizaciones y a sus derechos, pero no suficiente cómo se puede constatar.

 

Una pregunta resalta en los motivos y en los carteles de la gigantesca movilización: ¿Por qué nos están matando? Los han venido matando durante centenares de años, pero hoy sus víctimas se cuentan entre las que han producido las masacres que el gobierno actual ha visto pasar como algo habitual, demostrando que es cierto que el Estado ha perdido o sigue perdiendo el control territorial, que el poder de las armas lo tienen otros.

La Minga es expresión de las luchas sociales, de los conflictos que son inherentes a la democracia, al Estado social de derecho, que se reconoce así, democrático y participativo. También lo son las manifestaciones de la población cuando rechaza la brutalidad policial, sin que ello signifique rechazo a las autoridades legítimamente constituidas y que cumplen su deber constitucional de garantizar la protección de los derechos de los colombianos. Y muchas otras expresiones de resistencia social a la opresión y a la exclusión hemos visto y tendremos que ver. Entre menos justo e incluyente sea el Estado, con más fuerza se verá la movilización popular.

Las mujeres, las amas de casa, las madres comunitarias, las negritudes, los estudiantes, los campesinos, los trabajadores de todos los sectores, los maestros, cada uno por su lado o unidos en protestas organizadas, tienen derecho a expresar su descontento y a exigir sus reivindicaciones de manera pacífica. En realidad no existe la democracia sin debate, sin disentimiento, y la fortaleza del régimen democrático es directamente proporcional a su capacidad de tramitar estos conflictos.

 

Cuando se deslegitima la protesta social acusándola de estar infiltrada por los grupos guerrilleros (imaginarios o reales), lo que se hace es defender un modelo de Estado y de sociedad, una en la que las élites oligárquicas, las dueñas del país, preferiblemente blancas, puedan convivir, quizás con unas clases medias que se han podido acomodar, pero sin la incómoda y perturbadora presencia de los mestizos, de minorías y sectores marginados que reclaman y luchan por todo. La senadora Paloma Valencia ha esbozado un proyecto político que expone algo así, blancos por un lado y que los indígenas tengan casa aparte. Segregación, exclusión. No es difícil comprender por qué Trump y sus escuadrones de “proud boys” (supremacistas blancos, al igual que las bandas del Ku Klux Klan) alaban al jefe de todos los supremacistas colombianos y por qué estos los alaban a ellos y les agradecen su respaldo. Desde ya, podríamos decir que si un movimiento en Colombia merece el reconocimiento del peor presidente de la historia de los Estados Unidos, ese movimiento amerita, al menos un escrutinio muy juicioso. Despierta sospechas.

 

Cuando el ex presidente del Ubérrimo advierte a sus seguidores que tengan cuidado con el 2022 porque algunos quieren convertir a Colombia en un país socialista, lo que está haciendo es defender un proyecto de Estado, de sociedad y de economía. En este proyecto no tiene cabida la protesta social, lo que está bien visto es el sometimiento, el clientelismo propio de los regímenes feudales donde los señores imponían su voluntad a los siervos. Servidumbres mansas, eso es lo que quieren él y las élites que representa. En ese propósito la representación política no hace mucha diferencia, a menos que se trate de partidos políticos o de movimientos expresamente declarados en oposición al régimen, pues liberales, conservadores, los de cambio radical, de la U, cristianos y justos, se unen para modelar ese Estado clientelista que les viene como anillo al dedo.

 

Mientras las élites de la rancia aristocracia y también de la nueva, se reparten la propiedad de la tierra y de los bienes productivos, miles de colombianos, engañados o enredados por los artilugios, las mentiras y los mantras producidos por los “creativos” de la secta, siguen a pie juntillas los dictados del falso profeta. Y esto es posible en el régimen democrático, claro que sí, pero también ha de ser posible la exposición del otro modelo o de los otros modelos o proyectos de Estado, sin que por ello tengan que perder su vida tantas personas, víctimas de la violencia fascista, es decir de una visión política en la cual las ideas políticas que no se pueden imponer en el debate se imponen a sangre y fuego.

 

Deben ser muchos los que están interesados en este proyecto diverso de país, porque si no el asunto no sería objeto de preocupación para el expresidente que, una vez recuperada su libertad, fue lo primero que planteó, el cuento de que quieren sembrar el socialismo en Colombia. ¡Despertad! ¡Despertad ya! Los hombres y mujeres que amamos la justicia rechazamos por igual los crímenes cometidos por los violentos de la guerrilla, del paramilitarismo y sus aliados agentes del Estado.

 

Así pues, de lo que se trata es de proyectos políticos, proyectos de Estado antagónicos, y en el centro de ellos está una visión de los derechos humanos, una concepción de la humanidad. Para el modelo uribista, los estudiantes que reclaman sus derechos, son socialistas; los indígenas que resisten a la opresión, son socialistas. Los trabajadores que se oponen a los recortes de los derechos adquiridos después de duras luchas (el expresidente sabe mucho de eso: Ley 50 del 90, Ley 100 de 1993), las mujeres que luchan por la equidad de género, las negritudes que luchan por la inclusión social e histórica, los campesinos que exigen una redistribución de la riqueza en el campo, todos no son más que comunistas, “castrochavistas”, revolucionarios que quieren acabar con todo. Los defensores de los páramos, los ambientalistas, son todavía peores, enemigos del progreso, verdaderos “comunistas descarados”. ¡Izquierdistas todos! ¡Mamertos!

 

En Estados Unidos, promover el seguro médico para millones de personas que no lo tenían, hizo comunista al presidente Obama ante los ojos de la ultraderecha republicana. Por supuesto, los organismos de las Naciones Unidas encargados de promover el respeto por los derechos humanos en todo el planeta, no son más que meros “socialistas”, “comunistas”, “izquierdistas”, “mamertos”. Es bueno que vayamos viendo nítidamente el fondo del asunto. Claro, no todo es blanco y negro, los unos buenos y los otros malos, no, no es así. Hay policromía en la vida política y tenemos que tenerla en cuenta. Ha habido violadores de los derechos humanos en la derecha y en la izquierda. Evitemos los calificativos. Veamos los proyectos, descubramos los velos.

 

¡Despertad! ¡Despertad ya!

 

Para la vida y la paz, todo. Para la guerra, la muerte y la violencia, nada!

En Cali, el 12 de octubre de 2020 cuando la pandemia del Covid-19 sigue contagiando y matando colombianos: 919.083 y 27.985. En el mundo más de 37.967.000 contagiados y 1.085.030 muertos, y se cuentan 67 masacres y 267 víctimas solo durante este año en Colombia.