Tribunal Superior de Ibagué suspendió temporalmente arresto domiciliario contra el Alcalde Hurtado
Ayer, miércoles 16 de agosto, el Tribunal Superior de Ibagué suspendió la orden de arresto domiciliario contra el alcalde Andrés Hurtado. Esta decisión siguió a la presentación de una tutela por parte del mandatario, alegando una posible violación de su derecho al debido proceso.
Hurtado había estado bajo arresto domiciliario durante menos de 24 horas por desobedecer la orden de la Corte Constitucional de construir un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba desde 2020, en el corregimiento de San Bernardo.
Originalmente, un Juzgado Penal Municipal de Ibagué lo condenó a 15 días de arresto domiciliario y a una multa de 15 salarios mínimos vigentes. Esta sanción fue posteriormente confirmada por un Juzgado Penal del Circuito. Sin embargo, el Tribunal Superior de Ibagué ha decidido suspender la medida por ahora.
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La suspensión es temporal, y el Tribunal tomará una decisión definitiva después de revisar las acciones de los jueces involucrados.
El Tribunal ordenó: “Suspender de manera provisional la sanción impuesta al señor Andrés Fabián Hurtado Barrera en el incidente de desacato radicación nro. 73001-40-09-009-2019-00147-00, hasta tanto se decidan de fondo las pretensiones expuestas por el accionante”.
El abogado Joaquín Torres criticó esta acción, considerándola un intento del alcalde Hurtado por evadir la responsabilidad de cumplir con la orden de la Corte Constitucional.
“El alcalde Andrés Hurtado no le hace justicia a la dignidad de su cargo. Debería actuar con pulcritud y decencia como lo obliga la alta dignidad de su cargo. Antes de preocuparse por evadir el arresto, su principal objetivo debe ser cumplirle a los campesinos”, comentó Torres.
El alcalde Hurtado alegó en su tutela que no había sido notificado a tiempo ni de manera adecuada sobre la sanción. Sin embargo, existen pruebas de que los correos electrónicos fueron enviados a los canales oficiales de la Alcaldía de Ibagué para notificar la decisión a tiempo.
El Tribunal tendrá un plazo de 10 días para tomar una decisión final, que podría confirmar el arresto domiciliario o indicar que se debe reiniciar todo el proceso de desacato.
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