Universidad del Tolima pide diálogo nacional para proteger la autonomía universitaria
La Universidad del Tolima hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cualquier propuesta relacionada con la autonomía universitaria sea construida mediante un diálogo amplio con las instituciones públicas de educación superior del país, en medio del debate sobre los mecanismos de actuación frente a situaciones de violencia o alteraciones del orden público dentro de los campus.
La posición fue planteada por el nuevo rector, John Jairo Méndez Arteaga, quien asumió el cargo el pasado 12 de septiembre para el periodo 2026-2030.
La institución recordó que la autonomía universitaria está protegida por el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 30 de 1992, normas que reconocen a las universidades la capacidad de establecer sus estatutos, organizar sus actividades académicas y científicas, definir programas y administrar sus recursos.
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Méndez Arteaga sostuvo que la Universidad del Tolima defiende el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión, la organización y la movilización social, pero rechazó cualquier manifestación de violencia.
“La universidad pública colombiana no debe convertirse en un escenario de confrontación entre la ciudadanía y el Estado”, señaló el rector, al insistir en que los campus deben mantenerse como espacios para el conocimiento, el pluralismo, la convivencia y la construcción de paz.
La Universidad del Tolima también planteó que cualquier intervención de autoridades externas debe cumplir estrictamente la Constitución y la ley, bajo criterios de necesidad, excepcionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
Como propuesta, el rector pidió que la Universidad del Tolima sea sede de un encuentro nacional sobre autonomía universitaria, con participación del Sistema Universitario Estatal, rectorías, estudiantes, docentes, funcionarios, graduados y demás actores académicos.
El planteamiento coincide parcialmente con el Ministerio de Justicia, que este 14 de septiembre recordó que la autonomía universitaria debe protegerse, pero no significa que las universidades estén por fuera de la Constitución y la ley.
