Violencia contra la mujer en Ibagué: una deuda pendiente en la garantía de derechos
Colombia cuenta con un amplio marco normativo enfocado en la prevención, atención, erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. Este avance progresivo se ha dado desde la Ley 51 de 1981, pero, a pesar de contar con herramientas legales y estrategias institucionales, Ibagué continúa presentando un alto reporte de violencia y feminicidios.
La ciudad enfrenta una grave crisis en la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente en su protección. Para dimensionar la magnitud del problema, según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (disponible en https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa), en 2024 se registraron en Ibagué 481 casos de presunta violencia interpersonal contra mujeres, 357 presuntos delitos de violencia sexual, 127 casos de violencia intrafamiliar, 56 de violencia contra el adulto mayor y 927 de violencia de pareja. Además, cifras de la Fiscalía General de la Nación (disponible en https://www.datos.gov.co/Justicia-y-Derecho/Conteo-de-Actuaciones-V2/9pc4-8nib/data_preview) revelan que en 2024 se reportaron 13 feminicidios en la ciudad, y en lo que va de 2025 ya se han registrado tres casos más. Estos datos, alarmantes y desalentadores, evidencian un incremento de la violencia de género y la ineficacia de algunas estrategias implementadas.
Un marco normativo robusto, pero sin ejecución efectiva
En los últimos cinco años, Colombia ha avanzado significativamente en la sanción y protección de mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, especialmente en términos de jurisprudencia. La Ley 1257 de 2008, en su artículo 19, establece medidas de atención esenciales para las víctimas de violencia física, sexual, económica o psicológica. Estas incluyen alojamiento, alimentación, transporte y servicios psicosociales y jurídicos gratuitos para garantizar su recuperación y estabilización, asegurando así una vida libre de violencia.
Sin embargo, en Ibagué la implementación de estas medidas es tangencial, no permanente y precaria. En 2021, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó un inmueble a la Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual de la Alcaldía Municipal para la creación de una Casa Refugio destinada a la atención integral de mujeres sobrevivientes de violencia y sus dependientes (hijos, adultos mayores o personas con discapacidad). Curiosamente, esta gestión fue liderada por la misma directora que hoy ocupa el cargo. A pesar de ello, la casa no entró en funcionamiento hasta 2023 y, según denuncias, carece de la dotación mínima exigida por la ley, lo que impide su operación efectiva.
A esto se suma el incumplimiento de la Ley 2215 de 2022 y el Decreto Presidencial 075 de 2024, que regulan el funcionamiento de las Casas Refugio y establecen otros dos mecanismos de protección: servicio hotelero y subsidio monetario. Estos servicios, que deben ser ofrecidos para evitar el agravamiento del riesgo en mujeres víctimas de violencia, no están siendo implementados. De acuerdo con la normativa vigente, no es necesaria una denuncia previa para acceder a estas medidas, pero los Comisarios de Familia deben verificar la situación de riesgo y, de ser necesario, ordenar su activación por un período de hasta seis meses, prorrogable por seis meses más. En Ibagué, esto no se está cumpliendo.
La importancia de la formación y el cumplimiento de protocolos
Es fundamental entender que esta medida de protección no implica el presidio de las mujeres, es decir, no las priva de su libertad ni las obliga a permanecer recluidas. Por el contrario, deben garantizar que puedan continuar con su proyecto de vida, ya sea estudiando o trabajando, lo que resalta la importancia de los servicios de transporte y acompañamiento constante.
Asimismo, la Dirección de Mujer, Género y Diversidad Sexual debe contar con un equipo de funcionarios y contratistas con conocimientos claros sobre el funcionamiento de estas medidas. Su desconocimiento no solo obstaculiza la implementación de los mecanismos de protección, también puede derivar en violencia institucional, como se estableció en la Sentencia T-462 de 2018.
Acciones y estrategias para combatir la violencia de género
Desde la Corporación Municipal, los concejales de Ibagué, Aura Galeano (Partido A.D.A.), Víctor Ortiz (Partido Conservador) y William Rosas (Alianza Verde), hemos propuesto institucionalizar para las mujeres “La Carrera Capital Musical de Ibagué como evento deportivo, recreativo y cultural – Ibagué Florecida”. Este Acuerdo Municipal permitirá posicionar este evento para grandes multitudes a través de la divulgación local, nacional e internacional.
En 2024, la primera carrera organizada por la administración municipal contó con la participación de 2.330 personas, de las cuales 1.806 fueron mujeres, con una participación femenina del 77,5%. En 2025, la participación aumentó a cerca de 5.000 personas, con una intervención femenina del 83%. Esto refleja un creciente interés en la actividad, el compromiso de la administración municipal y el Concejo de Ibagué para institucionalizar un evento atlético con identidad de género.
Asimismo, la comunidad reclama la puesta en funcionamiento inmediata y permanente de la Casa Refugio, ya que es vital garantizar la protección a las mujeres sobrevivientes de violencia en Ibagué. Se debe dar cumplimiento a la Ley 2215 de 2022, que establece la creación de Casas Refugio en el marco de la Ley 1257 de 2008, fortaleciendo la política pública contra la violencia hacia las mujeres.
En Ibagué, la protección de las mujeres es una responsabilidad fundamental del gobierno, que debe garantizar un entorno seguro y libre de violencia para todas. Esto implica no solo la implementación de políticas efectivas y programas de prevención, sino también el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas. Las mujeres deben contar con garantías que les permitan acceder a la justicia de manera efectiva, así como a servicios de apoyo psicológico y legal. Es esencial que el gobierno trabaje de la mano con la comunidad y las organizaciones sociales para crear conciencia sobre la igualdad de género y fomentar un cambio cultural que respete y valore los derechos de las mujeres, asegurando así su bienestar y empoderamiento en la sociedad.
