Corte Suprema pide investigar a Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a diversas autoridades para que se investiguen presuntas irregularidades en los gastos reportados por la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República, durante las elecciones legislativas.

El alto tribunal detectó que se incluyó de manera indebida un contrato de transporte aéreo con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), por más de 1.200 millones de pesos, como gasto de la campaña al Senado. Sin embargo, según hallazgos de la Corte, dichos vuelos habrían sido utilizados por la campaña presidencial de Gustavo Petro durante la consulta interna del Pacto Histórico, y no por los candidatos al Congreso.

La compulsa de copias fue enviada a la Fiscalía General de la Nación con nombre propio. El despacho del magistrado Misael Rodríguez solicitó investigar al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien fungió como gerente de la campaña al Senado, y a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, quien fue el gerente de la campaña Petro presidente.

Le puede interesar: ¿Famisanar y Marcazsalud no van más en Ibagué?

De acuerdo con la Corte, Jaramillo tenía la responsabilidad directa de garantizar la veracidad de los reportes financieros entregados a las autoridades electorales. En el caso de Roa, se señala que fue quien sugirió contratar a Sadi para los desplazamientos aéreos, los cuales eran organizados por la entonces coordinadora de agenda, Laura Sarabia.

Además, la Corte remitió copia de los hallazgos al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad ante la cual se habrían presentado los reportes financieros presuntamente irregulares, para que actúe dentro de sus competencias.

También se envió copia a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a fin de que determine si procede abrir investigación formal contra otras personas que puedan tener responsabilidad en los hechos.

Este nuevo capítulo agrega presión sobre varios altos funcionarios del actual Gobierno, y reaviva el debate sobre el financiamiento de las campañas que llevaron al poder al Pacto Histórico. Las investigaciones podrían derivar en sanciones políticas, administrativas o incluso penales, dependiendo de los resultados.