Crece la polémica política entre Washington y Bogotá por la detención de Beto Coral

El activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido en redes sociales como Beto Coral, permanece bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos mientras avanza un proceso que podría derivar en su deportación, según confirmaron fuentes diplomáticas y medios internacionales.

Coral fue detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Arizona, después de varios días de activismo político en Miami contra el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria. El influenciador había participado en manifestaciones y transmisiones en redes sociales en las que cuestionó duramente al aspirante presidencial.

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De acuerdo con información divulgada por el periodista Daniel Coronell y recogida por medios como El País, Coral, quien reside en Estados Unidos desde 2015 y tiene una solicitud de asilo en trámite, fue trasladado a un centro de detención migratoria mientras un juez estudia su situación.

El Gobierno colombiano reaccionó de inmediato. El presidente Gustavo Petro calificó el caso como una posible “persecución política” y ordenó a la Cancillería solicitar garantías para el activista colombiano. La Embajada de Colombia en Washington confirmó que realiza seguimiento al proceso y pidió respeto al debido proceso.

Por su parte, sectores cercanos a Abelardo de la Espriella rechazaron los señalamientos de persecución. Aliados políticos del candidato sostienen que el procedimiento corresponde exclusivamente a decisiones de las autoridades migratorias estadounidenses y han señalado que Coral debe responder por su situación migratoria conforme a la legislación de ese país.

En un mensaje difundido antes de ser trasladado, Coral aseguró que no enfrenta cargos criminales y afirmó que cuenta con documentación vigente. Entretanto, organizaciones y dirigentes políticos de izquierda han exigido transparencia en el proceso, mientras sectores conservadores respaldan la actuación de las autoridades estadounidenses.

El caso se ha convertido en un nuevo foco de tensión diplomática y política a pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia.