Derecho Fundamental a la Educación: un nuevo debate para conectar el Estado y a la ciudadanía
Se avecina un nuevo debate legislativo y sociopolítico de importancia nacional. El gobierno de Gustavo Petro en cabeza del Ministerio de Educación y más específicamente, su Viceministerio de Educación Básica y Media, ha propuesto al Congreso de la República la Ley Estatutaria de Educación que se tramitará por Comisión Primera de Cámara de Representantes en su primer debate.
Esta reforma busca desarrollar el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 en la que se define el derecho a la educación como un derecho económico, social y cultural, así como un servicio público. Esto significó durante años, que los colombianos tuviéramos dificultades para tutelar el acceso a la educación cuando se presentaron barreras para niños, niñas y adolescentes, pero poco a poco la Corte Constitucional fue reconociendo, en principio, la conexidad del derecho a la educación con derechos fundamentales como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el acceso a la información, entre otros y, posteriormente, reconoció el derecho a la educación como un derecho fundamental autónomo instando durante las dos últimas décadas al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, a incorporar en la legislación colombiana tal mandato: derecho fundamental a la educación.
Es así que empieza el trámite de un proyecto de ley estatutaria por muchos y muchas esperado: generaciones que lucharon por el derecho a la educación en Colombia, incluso maestros y maestras, que hoy ejercen como congresistas; sindicatos de maestros, organizaciones juveniles, entre muchos otros que mantienen la vigencia de esta lucha en Colombia que implica repensar el sistema de financiamiento de la educación, pero también su funcionamiento y articulación como sistema entre los diferentes niveles, desde la educación inicial hasta la educación técnica, tecnológica y superior, así como el modelo pedagógico que de fondo, es el que define el tipo de educación y de política pública que determina los contenidos y el funcionamiento del sistema educativo.
De esta manera, arranca un debate nacional de profundo calado que nos pondrá a hablar de las barreras de acceso que persisten, las dificultades para la permanencia y los obstáculos que afectan su garantía y calidad. En el mismo sentido, nos pondrá a debatir y evaluar lo que ha sido hasta ahora la implementación de la política educativa en nuestro país y de manera mucho más polémica, lo que ha significado la destinación de recursos de recursos para su financiación lo cual implicará a su vez, un profundo debate sobre el Sistema General de Participaciones y sus destinaciones para educación inicial y educación en general.
Querrán colgarle algunos sectores políticos que no gustan de estas reformas sociales, el debate de la educación como servicio público esencial que muchos esperamos no prospere, pues existen sendas sentencias constitucionales así como convenios internacionales ratificados por Colombia, que señalan que el derecho a la libre asociación, a la huelga y a la protesta es un derecho, cuestión que han defendido con creces los maestros y maestras de Colombia y que a todas luces, se vulnera declarando la educación como servicio público esencial, carácter que de ninguna manera puede asignársele por sus propias características como derecho y servicio.
Se sirve sobre la mesa de la ciudadanía colombiana un nuevo debate sobre política social en Colombia que revive la democracia e involucra de nuevo, como el debate de reforma a la salud, laboral o pensional, a diversos sectores vivos de la sociedad colombiana que debieron estar siempre presenten en la definición de las normas, de las leyes, de las políticas que orientan sus derechos.
