El peloteo
La semana anterior, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, encendió unas nuevas alarmas al manifestar que se realizan investigaciones frente a irregularidades que se presentan ante el SOAT. Y, aunque esto es como decir que “el agua moja” porque desde hace rato sabemos que ocurre, estas declaraciones abren nuevas inquietudes frente a la manera en que se manejará la salud en nuestro país por parte de este gobierno.
Debemos recordar que el SOAT fue un seguro creado con el objetivo de proteger a agredidos y agresores en accidentes de tránsito, debido a que algunos afectados no contaban con sistema de salud que atendiera sus lesiones, ocasionando altos costos por tener que acudir a atención particular.
Sin embargo, esta buena intención se vio desprestigiada por los problemas que se presentaron entre aseguradoras y EPS cuando, entre ellas, decidieron “pelotearse” a los afectados para lograr mayor ganancia. Quienes atendían por el SOAT consideraban que su proceso finalizaba con la atención de la urgencia, sin vincularse en atenciones posteriores ni en rehabilitaciones. Mientras tanto, las EPS consideraban que su deber era atender a sus asegurados en problemas de salud que no fueran ocasionados por, o, en accidentes de tránsito. Es claro que ni el SOAT ni las EPS, quisieron tratar de manera íntegra e integral a los afectados.
Otro problema que produjo este nuevo seguro, fue ocasionado por personas inescrupulosas quienes, debido a la atención no oportuna que prestaban las EPS para la realización de exámenes, decidieron proponer a los asegurados en las puertas de las IPS que, por el pago de un valor, los subirían en una ambulancia y los harían entrar al sistema por el SOAT, garantizando la atención inmediata. Otra forma de exprimir al sistema.
Estos inconvenientes se encargaron de despilfarrar los recursos del SOAT, lo desangraron e hicieron que las personas dejaran de creer en sus bondades y lo consideraran un gasto más, no un beneficio. Por eso, muchos sentirían alivio al pensar que puede eliminarse ese seguro que no evidencia un valor adicional en su servicio.
Sin embargo, la inquietud se genera con qué va a pasar con la reforma a la salud y la presencia de las EPS. Si lo pensamos, hasta hoy todos tenemos la obligación y la necesidad de estar adscritos a una EPS o, en su defecto al Sisbén y el SOAT se soportaba en ellas, pero, si el gobierno decide eliminarlas, ¿en poder de quién exactamente quedaremos? ¿De los políticos de turno quienes, a cambio de votos, nos garantizarán la atención médica?
No podemos permitir que el gobierno siga jugando a crear en la salud “una crisis explícita, clara” como lo manifestó la exministra Carolina Corcho en su momento, para repartirse su presupuesto. Recordemos que tres EPS se encuentran actualmente en la cuerda floja, debido a que el gobierno no les paga lo que les debe por nuestra atención y, una de ellas es Sura, la que tiene la mayor cantidad de pacientes de alto costo en el país. ¿Qué va a pasar con ellos cuando quiebre la EPS? ¿Quién va a garantizar su tratamiento? Recordemos que la estrategia del gobierno es cerrar una EPS, trasladar los pacientes a otra y esperar a que colapse, lo que sin pago, no demorará en ocurrir.
Debemos exigirle al gobierno que nos explique con mayor detalle su nuevo modelo, sus puntos de atención, cómo se continuará con el tratamiento de quienes padecen enfermedades de alto costo, en definitiva, cómo garantizará la salud de todos los colombianos… y bajo qué costo para nosotros, porque lo que ya nos ha demostrado es que todos sus inventos traen mayor costo para el pueblo que siempre amenazó con proteger, lo que no ha logrado.
