Exalcalde de Melgar y exfuncionarios enfrentan imputación por presuntas irregularidades en contratos de transporte escolar
La Fiscalía General de la Nación formuló imputación de cargos contra el exalcalde de Melgar (Tolima), Gentil Gómez Oliveros, así como contra Andrea Liliana Rojas Prada, quien se desempeñó como secretaria de Educación, y María Margarita Rueda Abrahán, asesora jurídica de la oficina de contratación durante el periodo 2012-2015.
La decisión fue tomada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, quien les imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno de los exfuncionarios aceptó los cargos.
Según la investigación adelantada por el ente acusador, en el año 2012 fueron celebrados siete contratos relacionados con el transporte escolar de 4.813 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en instituciones educativas públicas del sector rural del municipio. Seis de los contratos fueron firmados por contratación directa y uno mediante selección abreviada, todos bajo la figura de mínima cuantía, por un valor total de $367.280.000.
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Sin embargo, se evidenció que el monto contratado superaba el límite legal para este tipo de procedimientos. Para esa época, la contratación por licitación pública debía realizarse a partir de los 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a $158’676.000, lo que habría hecho inviable legalmente el mecanismo utilizado.
De acuerdo con el material probatorio, el entonces alcalde Gentil Gómez Oliveros habría sido quien dio la instrucción para iniciar los trámites contractuales entre el 20 de enero y el 19 de julio de 2012, así como para la celebración y liquidación de los contratos.
Por su parte, la exsecretaria de Educación, Andrea Liliana Rojas Prada, habría sido la encargada de elaborar los estudios previos y sustentar jurídicamente los contratos. En el caso de María Margarita Rueda Abrahán, se le señala de ser quien revisó y avaló las diferentes etapas del proceso contractual, permitiendo su firma y aprobación final por parte del entonces mandatario.
La Fiscalía continúa con el proceso judicial para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales en este caso de presunta corrupción administrativa.
