Gobernación del Tolima impulsa fondo de apoyo para personas con discapacidad y sus cuidadores

La Gobernación del Tolima socializó ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza No. 019, una iniciativa que busca crear el Fondo Departamental de Protección y Apoyo para Personas con Discapacidad y sus Cuidadoras, Cuidadores o Asistentes Personales, con el propósito de fortalecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de esta población.

El proyecto plantea la creación de un instrumento financiero y administrativo, adscrito a la Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial, que permitirá recaudar y administrar recursos para financiar programas de protección social en los 47 municipios del departamento.

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Entre los beneficios contemplados se encuentran transferencias monetarias, apoyo para la adquisición de dispositivos de rehabilitación funcional, fortalecimiento de emprendimientos, procesos de formación para cuidadores y personas con discapacidad, adecuaciones de vivienda para mejorar la accesibilidad y estrategias de atención integral en salud física y mental.

La iniciativa también establece criterios de priorización para beneficiar a personas con mayores niveles de discapacidad, hogares con varios integrantes en esta condición y familias en situación de pobreza extrema o moderada.

Durante la socialización, la secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial, Gynna Patricia Frías Fernández, explicó que el proyecto busca reconocer la labor de quienes dedican su vida al cuidado de personas con discapacidad y anunció que, de ser aprobado, la dependencia liderará su implementación y el seguimiento de los recursos.

Por su parte, la diputada Carolina Mora destacó el trabajo conjunto entre la Gobernación y la Asamblea para fortalecer la iniciativa durante su trámite, al considerar que representará un importante respaldo para miles de familias, especialmente mujeres cuidadoras.

El Proyecto de Ordenanza No. 019 contempla una financiación sostenible con recursos del Gobierno Nacional, el presupuesto departamental, cooperación y otras fuentes autorizadas por la ley, además de una asignación inicial mínima equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para garantizar el funcionamiento del fondo.