Los Embera, en veremos
El pasado miércoles, la comunidad Embera que actualmente se encuentra en la Unidad de Protección Integral La Rioja, después de haberse comprometido a abandonar el parque Nacional el 13 de mayo, tras firmar acuerdos con el Gobierno Nacional y el Distrito, fue protagonista de fuertes enfrentamientos con el Esmad, debido al incumplimiento gubernamental de dichos acuerdos.
Estos enfrentamientos dejaron más de una docena de uniformados heridos, uno de ellos de gravedad, al igual que ocho gestores de convivencia y cinco civiles afectados. Los enfrentamientos comenzaron cuando mujeres indígenas con niños en brazos, bloquearon la entrada sur del edificio Avianca, impidiendo el acceso y la salida del lugar. El Escuadrón Antidisturbios llegó al lugar después de haber surtido el trámite con los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y funcionarios de la Personería, quienes recibieron la negativa de los líderes de la protesta sobre despejar la zona.
Sin embargo, los indígenas capturados ya fueron liberados por el Gobierno Petro, seguramente para mostrar los alcances que hubiese tenido la ley 418/97 que no han logrado hacer aprobar, cuyo artículo 17 planteaba “Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta”. La misma ley admite que sean designados como promotores de convivencia y participación ciudadana, al ser suspendidas sus órdenes de captura o medidas de aseguramiento, la cereza del pastel que ofrece impunidad a quienes violan la ley y atacan policías, en nombre de la protesta social.
Y aunque no estoy de acuerdo con la manera en que el Gobierno Nacional, ni éste ni el anterior, ha manejado las cosas, la mirada en estas acciones debe volcarse hacia lo que las ocasiona, porque no podemos seguir teniendo a los indígenas Embera en veremos. Son 200 personas que viven en condiciones casi infrahumanas y no decir nada, o pretender que ellas no digan nada, no es lo correcto para nosotros como comunidad. Como ciudadanos empáticos e interesados, debemos propender porque los acuerdos pactados entre el Distrito, la Unidad de Víctimas y las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB), se cumplan, porque para eso fueron hechos.
Los indígenas Embera salieron de sus territorios por culpa de la violencia producida por grupos armados en el Chocó y Risaralda, y no pueden regresar a ellos porque el Estado no les ofrece las garantías para sobrevivir. Aunque no podemos pedir al Estado que se convierta en responsable de todos y cada uno de nosotros, sí es necesario que sea el encargado de ofrecer garantías a todos lo que habitamos el territorio nacional, porque requerimos sentirnos respaldados y seguros en donde estemos.
Los colombianos necesitamos sentir que quienes nos gobiernan, están enfocados en el cumplimiento de la ley, de una ley que nos protege a todos y que garantice la justicia y equidad para todos. Incumplir los acuerdos hechos con la comunidad, es tan grave como querer modificar la ley para permitir que cualquiera atente contra ella.
