Magistrado Jorge Ibáñez propone tumbar la reforma pensional por vicios de procedimiento
La reforma pensional, aprobada en julio de este año, podría quedar sin efecto si prospera la ponencia presentada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ante la Corte Constitucional. En un documento de 83 páginas, el magistrado plantea declarar inexequible la Ley 2381 del 16 de julio de 2024 al considerar que persisten vicios de procedimiento en su trámite legislativo.
Ibáñez, presidente del alto tribunal y ponente del caso, argumenta que el Congreso no corrigió adecuadamente las fallas detectadas previamente por la Corte, y que incluso repitió errores en el proceso de subsanación. Según su propuesta, la Cámara de Representantes habría ignorado lo ordenado, limitándose a votar una proposición sustitutiva sin reabrir el debate del articulado.
“Durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, la Cámara debatió y votó la proposición sustitutiva, pero se negó expresamente a continuar con el debate del articulado. Por 100 votos contra 11, se privó nuevamente a las minorías de presentar y debatir proposiciones modificatorias”, señala la ponencia.
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Además, el magistrado detectó irregularidades en las convocatorias, deficiencias en las actas y una “adhesión indebida” al texto aprobado por el Senado, sin debatir su contenido. A juicio de Ibáñez, esto demuestra que la corporación legislativa actuó con conocimiento de los errores y los repitió deliberadamente.
“La Cámara, aunque sabía que estaba equivocando nuevamente el camino, determinó dolosamente seguir avanzando por allí y reproducir el vicio original”, subraya el magistrado.
Ibáñez concluye que, de caerse la reforma, el Congreso podría tramitar una nueva, pero deberá respetar estrictamente las normas constitucionales: convocatorias con tiempos razonables, debates sustanciales, participación de la oposición y cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios.
Ahora, la Sala Plena de la Corte deberá decidir si acoge, modifica o rechaza la ponencia. Sin embargo, el debate se encuentra temporalmente suspendido debido a una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, presentada por la senadora Paloma Valencia, quien lo acusa de prejuzgamiento por su presunta asesoría a Colpensiones durante el trámite de la reforma.
