Historias

Mea Culpa

Sandra Liliana Pinto Camacho

Ingeniera Industrial PUJ & Administradora Hotelera AH&LA

El pasado miércoles 26 de mayo, Carlos Fernando Galán propuso un reto que consistía en invitar “a otros políticos, empresarios y líderes a reconocer sus fallas y darle al país la oportunidad de un diálogo honesto”.

Pedir perdón y reconocer la culpa no es sencillo, sin embargo estoy de acuerdo en que es el primer paso para desescalar un conflicto que hoy tiene militarizados a ocho departamentos del país.

Tal vez, y con la intención de ayudar en la solución del problema que nos aqueja a todos, el primero que debería realizar esta reflexión y reconocer sus culpas es el propio Presidente de la República, quien con algunas de sus medidas de cara a la pandemia, no solo no dio solución efectiva y oportuna a las necesidades de las personas sino que complicó aún más su situación, en gran medida debido a la mediocridad de su equipo de gobierno, y además, como fue reconocido ayer hasta por su propio mentor, por su falta de liderazgo.

https://www.elespectador.com/politica/expresidente-uribe-asegura-que-a-duque-le-ha-faltado-autoridad-durante-el-paro/ 

Valga recordar que al comienzo de la pandemia, el presidente Duque anunciaba en su programa vespertino el Decreto 558 del 15 de abril de 2020, que consistía en la disminución temporal del porcentaje para el pago de aportes al sistema general de pensiones al 3% para los periodos de abril y mayo de 2020. Esto, como medida transitoria para brindar mayor liquidez a los empleadores, trabajadores dependientes e independientes, en el marco del estado de emergencia sanitaria ocasionado por la propagación del COVID-19.

En el mismo decreto se colaba la “obligación” del traslado de los recursos de más de 25.000 pensionados de los Fondos Privados de Pensión (AFP) hacia Colpensiones, con el objetivo, según el Gobierno, de “salvaguardar los recursos pensionales para garantizar la mesada vitalicia de los usuarios del sistema, así como el financiamiento de Colpensiones”.

Tan sólo 3 meses después la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicho decreto, anunciando que “la sentencia tiene efectos retroactivos. Es decir todo vuelve al estado en que se encontraba antes de la expedición del Decreto” como consecuencia de las “deficiencias argumentativas” para justificarlo en relación directa con la emergencia sanitaria.

Dicha mediocridad posteriormente se repetiría. En noviembre del año pasado, el Presidente salía nuevamente en cámara a anunciar con bombos y platillos el lanzamiento de 12 herramientas de financiación a las cuales podrían acceder las empresas en el país, “para encontrar liquidez y aliviar la situación creada por la pandemia”. En esta iniciativa el Gobierno había dispuesto un monto de $8,26 billones para la adquisición de créditos por medio de Bancoldex y $10,75 billones para la cobertura de garantías con el Fondo Nacional de Garantías (FNG) por un periodo de dos años, recursos a los que, por supuesto se podría acceder, a través del trámite de un préstamo ante una entidad financiera.

A comienzos de la pandemia, las llamadas mipymes representaban más del 90 % del tejido empresarial en el país y concentraban el 80 % de los empleos.  Efectivamente era imperativo tomar medidas que las protegieran. Sin embargo, nuevamente, las medidas tomadas por el gobierno fueron insuficientes.  Según cifras de Confecámaras (gremio de las Cámaras de Comercio), en 2020 se cerraron 187.092 mipymes debido a que muchos empresarios no habían logrado acceder a estos beneficios ante los bancos a quienes habían recomendado la distribución de dichos recursos.

De acuerdo con Acopi, las razones para la negación del beneficio eran que las empresas no cumplían con los requisitos en el mes de la postulación (40,8 %), no había empleados señalados por la norma (29,9 %), no se pudo encontrar la empresa en el RUES o RUT (23,6 %) o se trataba de una persona natural con menos de tres empleados (6,7 %).

¿La consecuencia? de acuerdo con cifras del DANE, en 2020 se perdieron 2,44 millones de empleos, pues la población ocupada pasó de 22,2 millones (lo registrado en 2019) a 19,8 millones. Las cifras del año pasado representaron un retroceso de una década, según Juan Daniel Oviedo, director del DANE.

Otra de las medidas tomadas por el Presidente Duque y anunciadas en su programa diario “Prevención y Acción” en mayo del año pasado, era la creación del Fondo Solidario para la Educación en el cual se ampliaba el Plan de Alivios del Icetex: disminuyendo los intereses a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3; brindando un período de gracia hasta diciembre de 2020; ampliando los plazos de amortización y adjudicando nuevos créditos sin codeudor. A pesar de que las medidas parecían ser generosas, no lo fueron lo suficiente. Un reporte de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), reveló que las universidades tuvieron una deserción del 37 % posterior a la publicación de estos “alivios”. Al realizar una consulta a 88 entidades educativas se comprobó que un 20 % de estudiantes antiguos desertaron y que se matricularon 17 % menos de los estudiantes esperados para el segundo semestre de 2020.

Y es que en las marchas, los estudiantes han sido claros y consistentes en su solicitud de querer acceder a la educación superior, a lo que el Presidente, en un intento nuevamente fallido de tratar de calmar las aguas, hace tres semanas anunciaba “gratuidad en matrícula de educación superior para estratos 1, 2 y 3”.

De acuerdo con lo comunicado, la medida se adoptaría en el segundo semestre de 2021 y beneficiaría a 97% de los estudiantes de universidades e instituciones públicas.

Lo que, sin embargo, nuevamente en su afán de dar soluciones reactivas quedó fuera del análisis del presidente, es que los cupos actuales para estudiantes en educación superior en universidades e instituciones públicas son insuficientes.

Casi 500.000 jóvenes finalizan el bachillerato cada año, pero de ellos, apenas 192.000 ingresan de inmediato a la educación superior, de los cuales solo el 51 % pueden acceder a un cupo en las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas de carácter público.  Es decir que solamente el 19% de los jóvenes que terminan el bachillerato podrán acceder a la educación gratuita anunciada por el Presidente Duque.  Me pregunto, ¿será esto suficiente para quienes marchan para que la educación superior no sea un privilegio de pocos?

Frente a la situación de caos y violencia que vive el país me pregunto si nosotros no tendremos también que reflexionar y reconocer la culpa por haber elegido con nuestro voto o nuestra indiferencia a un presidente tan mediocre para que manejara la peor crisis que ha vivido el país.

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