Minería ilegal en el sur del Tolima desató fuerte choque político entre Adriana Matiz y congresistas en el Senado
La crisis ambiental y de seguridad en Ataco y otros municipios del sur del Tolima llegó a la Comisión Quinta del Senado. Las declaraciones de la gobernadora Adriana Magali Matiz, los representantes Renzo García y Marco Emilio Hincapié, y el senador Miguel Ángel Barreto evidenciaron profundas diferencias sobre las responsabilidades institucionales frente al avance de la minería ilegal.
El debate de control político, realizado el 10 de noviembre, puso sobre la mesa la explotación ilegal de oro, el deterioro de las fuentes hídricas, la presencia de grupos armados y la pérdida de control territorial.
La gobernadora Adriana Magali Matiz defendió la gestión departamental y cuestionó a quienes hoy reclaman acciones ambientales, señalando que durante años guardaron silencio frente a esta problemática. Además, pidió cambiar la legislación minera para diferenciar a los pequeños mineros de las estructuras criminales y perseguir toda la cadena económica del oro ilegal.
Por su parte, el representante Renzo García cuestionó la falta de controles frente al ingreso de maquinaria pesada. Aseguró que cerca de 500 retroexcavadoras habrían ingresado por el sector donde está ubicado un batallón militar, advirtiendo sobre el daño al río Saldaña y la financiación de estructuras criminales.
En la misma línea crítica, el representante Marco Emilio Hincapié responsabilizó políticamente al barretismo por el deterioro de las condiciones de seguridad y el atraso del departamento. También cuestionó las respuestas de la Gobernación y del Gobierno Nacional frente a la crisis regional.
El senador Miguel Ángel Barreto, citante del debate, advirtió sobre la falta de información georreferenciada para identificar los puntos de explotación ilegal y cuestionó la capacidad de respuesta institucional. Incluso afirmó que el sur del Tolima está «secuestrado» por estas economías criminales.
La discusión también dejó una propuesta de Barreto para conformar una comisión accidental que haga seguimiento permanente a la minería ilegal y la seguridad, iniciativa respaldada por Matiz.
Más allá del enfrentamiento político, el sur del Tolima sigue esperando resultados: protección de sus ríos, recuperación del territorio y garantías de seguridad para las comunidades.
