Más de 1.000 mineros ilegales salieron de Ataco tras contundente operativo en Puente Amarillo
Más de 1.000 personas que presuntamente participaban en actividades de extracción ilegal de oro en las riberas de los ríos Atá y Saldaña abandonaron el municipio de Ataco, luego de un operativo conjunto de la Fuerza Pública y diferentes entidades del Estado en el sector de Puente Amarillo. Así lo confirmó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, durante su visita a Planadas.
La mandataria calificó la intervención como un resultado exitoso, pese a las dificultades de orden público y las amenazas que enfrentaron las autoridades durante el procedimiento.
Según explicó Matiz, cerca de 500 personas salieron entre el domingo y el martes, mientras que otras 500 abandonaron la zona el viernes. Para facilitar su retorno, la Gobernación dispuso buses con destino a ciudades como Cali y Medellín.
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La operación permitió desmontar cambuches, retirar las conexiones de energía instaladas ilegalmente y recuperar el control institucional del sector. De acuerdo con la gobernadora, alrededor de 1.000 integrantes de la Fuerza Pública y funcionarios estatales participaron en las acciones, que terminaron sin civiles ni uniformados lesionados durante el desalojo.
Ataques con drones y explosivos durante los operativos
Uno de los momentos más críticos se presentó por los ataques con drones cargados con explosivos contra instalaciones policiales. La Gobernación señaló que estos hechos serían una retaliación de estructuras criminales, presuntamente vinculadas a las disidencias, por las acciones contra la minería ilegal.
El daño al río Saldaña preocupa a las autoridades
Más allá del resultado operacional, Matiz expresó su preocupación por las consecuencias ambientales de la explotación ilegal.
«El daño que se le ha causado al río Saldaña es incalculable», manifestó la gobernadora, al advertir que detrás de estas economías ilegales existen estructuras armadas que dificultan la recuperación del territorio.
La operación también se suma a los resultados anunciados por la Gobernación, que incluyen la destrucción de 12 excavadoras y diez cambuches, con una afectación económica superior a los $464 millones para estructuras criminales.
La batalla por recuperar los ríos del sur del Tolima continúa. El desafío ahora será impedir que la minería ilegal vuelva a instalarse en sus riberas y garantizar la protección de los recursos naturales y las comunidades.
