MinHacienda en el ojo del huracán por declaraciones de Olmedo López ante la CSJ
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia escuchó la declaración de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en una diligencia reservada como parte del proceso que se adelanta contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntas irregularidades en contratos de la entidad.
El despacho del magistrado Héctor Alarcón tomó la declaración de López el 29 de mayo, luego de ordenar su traslado inmediato a la Corte debido a su inasistencia en la hora pactada. Según la defensa de López, esta ausencia se debió a una notificación indebida.
La unidad investigativa de Noticias Caracol reveló que Olmedo López señaló al ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro de pedirle comprar congresistas de diferentes regiones para que apoyaran las reformas gubernamentales. Estos hechos habrían ocurrido en la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y la oficina de López.
“Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera, pero es a congresistas, no a ciudadanos”, dijo López en su declaración, según Noticias Caracol.
López también mencionó al ELN, afirmando que, por órdenes de miembros del Gobierno Nacional, intentó dar contratos a esta organización para “salvar el proceso de paz”.
“Una de las banderas más importantes es la Paz Total. Entenderá la honorable Corte, cuando se hable de detalles y la vida me dé para ello, que lo que esté en esa libreta pone en riesgo La Paz Total”, afirmó López, refiriéndose a nombres de congresistas, funcionarios y contratistas en medio del escándalo de corrupción en la UNGRD.
Este testimonio podría tener un impacto significativo en el caso y en la percepción pública sobre la transparencia y legalidad de los contratos gubernamentales. La declaración de López y las posibles implicaciones para la Paz Total y la gestión de recursos públicos están bajo la lupa de la opinión pública y la justicia colombiana.
