Ministra de Gustavo Petro acusada formalmente por la CSJ por presuntas irregularidades en contratación

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión se produce tras una investigación que reveló presuntas anomalías en la firma de 104 contratos de prestación de servicios profesionales durante marzo de 2023, en el último mes de su gestión al frente del Ministerio del Deporte.

Según la Fiscalía General de la Nación, encargada de la instrucción del caso, Urrutia suscribió contratos sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley para la contratación estatal. En particular, se señala que ordenó la terminación anticipada de los contratos inicialmente firmados con una vigencia de cuatro meses, aduciendo “motivos personales” de los contratistas, para luego extenderlos hasta el 31 de diciembre de 2023.

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El ente acusador detalló que los contratos carecieron de documentos esenciales, como los certificados que acreditaran insuficiencia de personal de planta o la necesidad real de contratar servicios profesionales. Además, se habrían utilizado certificaciones desactualizadas del Sistema de Seguridad Social. De acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte, Urrutia habría buscado asegurar la continuidad laboral de personas cercanas a ella en la entidad.

La exministra, quien estuvo en el cargo entre agosto de 2022 y febrero de 2023, fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro, quien justificó su salida por “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”, luego de conocerse la firma masiva de contratos tras el anuncio de su salida del Gobierno.

La investigación también reveló que en su última semana como ministra se firmaron convenios por más de $16.000 millones, parte de un paquete total de $21.000 millones adjudicados en marzo de 2023. Paralelamente, la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos disciplinarios en noviembre de 2023 por un convenio interadministrativo de $4.950 millones firmado con Aldesarrollo, en el cual ignoró recomendaciones técnicas y jurídicas, optando por una contratación directa que podría haber beneficiado a terceros.

María Isabel Urrutia, reconocida por ser la primera medallista de oro olímpica de Colombia, deberá ahora enfrentar juicio ante la Corte Suprema, donde se evaluarán las pruebas y se determinará su responsabilidad penal.