Pescando alternativas
La semana pasada conocí la historia de un pescador, dedicado a su oficio de toda la vida, actividad que aprendió por el legado de sus padres, sus abuelos y, así, transmitida de generación en generación, la pesca era la única posibilidad de “levantarse” el sustento diario, para él y su familia. El paso del tiempo y la necesidad de proteger especies que están en vía de extinción, como es el caso de la Almeja, de controlar este tipo de actividades para la protección y conservación del ecosistema, así como proteger la salud e integridad de los pescadores, llevaron consigo el deber de buscar alternativas para el desarrollo de actividades económicas. Situación similar ocurre, incluso con otras actividades que se realizan, también, de manera informal (e ilegal) y fuera del radar de las autoridades (me refiero a todas, pero con especial énfasis en la tributaria).
“Ser formales es muy difícil”, me dijo el pescador mientras recorríamos una parte del río Magdalena en lancha, pero yo le agregaría que es muy costoso también, “nos pusieron hasta psicólogo para entender que puedo tener una mejor calidad de vida dedicándome a esto (al ecoturismo), yo solo sabía pescar Almejas, bueno y nadar también, pero en río, no soy mucho de mar”, continuó entre risas el ahora emprendedor. Hace parte de una asociación que se dedica al ecoturismo y cumple con “todos los papeles” como él lo refiere, para seguridad del turista y, aún cuando el proceso de transformación, desde su perspectiva personal, ha sido complicado, se siente “tranquilo”, con quejas, cómo no, de lo que implica ser formal, “hay que pagar mucha cosa” afirmó el pescador. El empujón final para cambiar de oficio es que se trataba de una actividad (pesca de Almeja) que no es sostenible y afecta la estabilidad ambiental, de igual manera tenían que dejar de hacerlo.
En Colombia, hay más de 5,5 millones de personas en la informalidad, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, una de las principales preocupaciones que debe afrontar el próximo Gobierno, lo que necesariamente debe conducir a una reforma que implique facilidades (incluye abaratar) de formalización. Costos en el registro, la carga impositiva, bancarización, requisitos habilitantes para el ingreso a ciertas actividades económicas, son algunas que, al final, terminan convirtiendo al Estado en una especie de “socio” más del emprendimiento o Mipyme con un “alto porcentaje de participación”. Pero no es solo esto, también es necesario ofrecer alternativas (opciones de actividades y capacitación) a quien hoy día se dedica al “rebusque”, invade el espacio público o, como en el caso del pescador, que su actividad se vuelve prohibida por las implicaciones ambientales de la misma. Para el informal no es únicamente escapar del radar del Estado y “evadir” obligaciones, es que también hay un conflicto social que se debe evaluar, acompañar y solucionar.
Para el caso de Ibagué, que la informalidad, en el mes de febrero de 2022 se encontró en el 49,8% según el mismo DANE, la tarea supone ir más allá de facilitar la formalización, es corregir el primer estadio del problema, la vocación económica de la ciudad, que aún no se define, donde no hay una política pública clara en el sentido de enrutar el municipio hacia unos objetivos de desarrollo y crecimiento (reales) que den alternativas al informal, no es un secreto que, para el caso local, la reactivación económica no ha iniciado y el “rebusque” se mantiene como opción para tener liquidez y hay que ofrecer alternativas, como las aguas que corren por el río, siempre diferentes.
