Procuraduría suspende provisionalmente al general Huertas y al director del DNI por supuestos contactos con disidencias de las Farc
La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en el marco del escándalo por presuntos contactos con integrantes de las disidencias de las Farc.
La decisión se produjo después del informe revelado por Noticias Caracol, en el que se presentaron chats, documentos y otros elementos que indicarían posibles comunicaciones entre los dos altos funcionarios y miembros de las estructuras de alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias.
Según fuentes cercanas al proceso, el Ministerio Público determinó apartar de sus cargos a los dos funcionarios por un periodo inicial de tres meses, prorrogables dependiendo del avance de la investigación disciplinaria. La medida busca garantizar la transparencia del proceso y evitar cualquier interferencia que pudiera afectar la recolección y análisis del material probatorio.
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De acuerdo con la evaluación preliminar del ente de control, permitir que Huertas y Mejía continuaran en sus funciones podría representar un riesgo para el adecuado desarrollo de la investigación, dado el nivel de responsabilidad y acceso a información sensible que ambos poseen dentro de sus instituciones.
Además de la suspensión provisional, la Procuraduría decretó la práctica de nuevas pruebas con el fin de esclarecer plenamente las conductas que podrían constituir faltas disciplinarias. Estas pruebas incluirían análisis de comunicaciones, revisión de documentos y testimonios adicionales que permitan delimitar las responsabilidades individuales de los investigados.
La medida se convierte en uno de los pasos más contundentes adoptados hasta el momento por el Ministerio Público frente a este escándalo, que ha generado preocupación por las posibles implicaciones en materia de seguridad nacional y por el alcance de los presuntos vínculos entre funcionarios de alto rango y estructuras armadas ilegales.
La Procuraduría continuará avanzando en el proceso disciplinario mientras los funcionarios permanecen separados de sus cargos, en lo que se espera sea una investigación exhaustiva y determinante para esclarecer los hechos.
