Ceguera selectiva

La situación de la “paz total” en el país, nuevamente preocupa. Aunque eso no es novedad, lo novedoso es que el Gobierno Nacional por fin haya visto el mal comportamiento de la guerrilla del ELN y haya decidido romper los diálogos de paz, que se encuentran congelados hace más de un año.
A pesar de que nadie vio nunca voluntad de paz por parte del grupo armado, el Gobierno Petro ha insistido en mantener las negociaciones. Recordemos que, en el mes de septiembre, el ELN no tuvo inconveniente en atentar contra una base militar en Puerto Jordán, hecho que dejó 3 muertos y 26 heridos, todo porque, como lo manifestó alias Antonio García, los diálogos de paz se pueden realizar a pesar de que no haya un cese al fuego. En aquel momento, el Ejecutivo decidió suspender las negociaciones por primera vez.
Hoy, levantarse nuevamente de la mesa de negociación es una decisión ocasionada por la situación que se vive en el Catatumbo, Norte de Santander, donde han fallecido unas 50 personas, entre ellas, una pareja con su bebé de escasos nueve meses y siete firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Además, donde el desplazamiento forzado se está convirtiendo en el único camino que han encontrado las personas, al parecer, porque se han convertido en el centro de atención de las disidencias de las FARC y de los miembros del ELN. Algunos de estos desplazados, han informado que, ambos grupos al margen de la ley, los declaran objetivo por estar en la zona y, supuestamente, pertenecer al bando contrario.
Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, es un punto estratégico para el narcotráfico, por eso el interés de los grupos armados en dominar la región y a sus habitantes. Infortunadamente, ese no ha sido motivo para que el Gobierno Nacional decida hacer una toma como la de El Plateado y poner a salvo a sus habitantes. Sólo ahora, a través de un Consejo de Seguridad, el presidente manifiesta la necesidad de declarar un Estado de Conmoción Interior en la zona, buscando controlar el orden público.
Pero la ceguera selectiva del Gobierno Petro, que le impide ver las realidades que miles de colombianos padecen, no se presenta sólo en las regiones, también ocurre con las personas. Así lo demostró un informe del diario El Tiempo, que evidencia las irregularidades que se presentan con el esquema de seguridad de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y ahora, gestor de paz, gracias al Gobierno Petro.
Según denuncias del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, la Unidad Nacional de Protección (UNP) dijo no ser responsable de la seguridad de Salvatore Mancuso, manifestando que estaba en manos de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta última, sin embargo, dijo que no, que fue responsable hasta que el exjefe paramilitar compareció ante la justicia transicional.
Lo curioso es que El Tiempo encontró que la UNP gestiona el esquema de seguridad de Mancuso, a través de la Unión Temporal 23-26, integrada por las empresas de seguridad Oncor y Superior, lo que evidencia que la entidad no quiere verse ligada a este tipo de encargos, avivando el debate sobre la supervisión y regulación de dichos esquemas.
A Mancuso se le cuestiona por modificar sin autorización, los vehículos que le fueron asignados y que son alquilados, instalando unos mejores sistemas de amortiguación, apropiados para atravesar trochas, además de haberles instalado antenas satelitales, que le permiten la conexión a internet. Dichos cambios podrían significar un uso indebido de recursos, lo que nos hace suponer quién asumió los costos de estas modificaciones.
También se estudia el hecho de por qué, Salvatore Mancuso y sus escoltas, usan las armas asignadas para la protección del exjefe paramilitar, en un polígono en la escuela Swat de Bojacá, Cundinamarca. Allí, el coordinador del esquema de seguridad del momento, Javier Galeano, ordenó a los escoltas entregar sus teléfonos, dejándolos incomunicados, mientras se realizaba la actividad por parte del protegido.
El uso de las armas por parte de Mancuso, es una posible violación de las normas que se aplican al armamento oficial, básicamente, porque un civil no puede hacer uso de dichas armas. Esperemos que las investigaciones arrojen verdaderos resultados, que permitan hacer los ajustes necesarios para que, este tipo de situaciones, no se vuelvan a presentar con ningún protegido, ni por la UNP, ni por la JEP. Y confiemos en que la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo, no sea otra estrategia presidencial para ponerle la mano encima a recursos que, hasta el momento, le han sido esquivos al presidente.