En Colombia los muertos no pueden tener ideología: la vida debe estar por encima de la política
Hay algo profundamente preocupante en Colombia: hasta la muerte parece tener partido político. Dependiendo de quién haya caído, aparecen las justificaciones, los silencios selectivos y las celebraciones disfrazadas de argumentos políticos.
Si muere un militar o un policía, algunos de los defensores más radicales del pasado gobierno parecen encontrar rápidamente una explicación para minimizar la tragedia. Si quien muere pertenece a una guerrilla, una estructura criminal o una organización ilegal, aparecen voces que cuestionan la operación, relativizan la responsabilidad del delincuente o convierten el hecho en una discusión ideológica.
Yo creo que ese camino nos está haciendo perder algo esencial: la capacidad de reconocer que una muerte violenta nunca debería ser motivo de celebración.
Pero reconocer el valor de la vida no significa confundir a las víctimas con los victimarios. Colombia tiene un Estado, unas leyes y unas Fuerzas Armadas y de Policía cuya obligación constitucional es proteger a la ciudadanía. Cuando quienes delinquen amenazan, asesinan, extorsionan, secuestran o aterrorizan comunidades, el Estado tiene el deber de actuar dentro de la ley y someterlos.
La realidad sigue siendo alarmante. La Defensoría del Pueblo reportó 58 masacres con 238 víctimas entre enero y mayo de 2026, además de 67 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Human Rights Watch también ha advertido sobre el control violento que ejercen distintos grupos armados en amplias zonas del país.
Por eso, no puedo aceptar que el debate se reduzca a preguntar “¿de qué lado estaba el muerto?”. El muerto es un ser humano. El policía que murió cumpliendo su deber merece respeto. El civil asesinado merece justicia. Y quien decidió delinquir debe responder ante la justicia, con todas las garantías que establece la ley.
No todos los muertos son iguales en responsabilidad, pero todos merecen humanidad. Y todos los ciudadanos que respetamos la ley tenemos derecho a exigir un Estado capaz de protegernos.
Colombia no necesita más fanatismo alrededor de los cadáveres. Necesita menos delincuentes, más justicia, instituciones fuertes y una sociedad que entienda que la vida no puede depender del partido político, uniforme o ideología de quien la pierde.
Ese debería ser el punto de encuentro de una nación cansada de enterrar a sus muertos.
