Juan Carlos Florián reasume como ministro de Igualdad tras polémica por paridad de género

En una ceremonia privada, Juan Carlos Florián retomó oficialmente su cargo como ministro de Igualdad, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmara el decreto que confirma su nombramiento. La posesión se llevó a cabo tras varios días de incertidumbre, originada por una suspensión temporal dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La suspensión fue consecuencia de una demanda de nulidad presentada por el estudio de Derecho Juan Manuel López. En ella se argumentaba que el nombramiento de Florián vulneraba la Ley 581 de 2000 —modificada por la Ley 2424 de 2024—, que exige una participación equitativa de género en los cargos de máximo nivel decisorio dentro del Gobierno.

Según el documento judicial, con Florián en el cargo, el gabinete del presidente Petro contaba con 9 mujeres y 10 hombres en los 19 ministerios, lo que representa un 47,4 % de participación femenina, por debajo del mínimo legal del 50 %. «Para cumplir con la cuota de género del 50% exigida […] se necesitaría que al menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres», señalaba el auto.

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Sin embargo, el Ejecutivo defendió la legalidad del nombramiento, argumentando que la designación reciente de una mujer en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) reestablece el equilibrio de género, con lo cual se cumpliría con lo estipulado en la normativa vigente. Esta interpretación fue suficiente para que el proceso judicial se diera por terminado, permitiendo así la restitución del ministro en su cargo.

Florián, quien había presentado su renuncia mientras se resolvía el litigio, vuelve al Ministerio de Igualdad con el respaldo de la Presidencia y en medio de un debate aún latente sobre la aplicación efectiva de la paridad de género en el poder ejecutivo.

La reposesión de Florián marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio de género en el alto Gobierno y deja en evidencia los desafíos jurídicos y políticos que enfrentan las administraciones para cumplir con los principios de equidad consagrados en la ley.