La autonomía también se financia
Hace algunas semanas escribí que la reforma a la Ley 30 había abierto, por fin, la puerta de la financiación para las universidades públicas. Pero recibir más recursos, aunque necesario, no resuelve el problema de fondo. Hay una pregunta que solemos esquivar porque incomoda: ¿sabemos administrar bien lo que recibimos? La sostenibilidad financiera es la conversación pendiente de la universidad pública colombiana, y de ella depende algo más grande de lo que parece: su propia autonomía.
Empiezo por lo incómodo. Buena parte de nuestras universidades estatales vive casi exclusivamente de las transferencias del Estado y genera muy pocos ingresos propios. Esa dependencia es una fragilidad estructural: cuando el ciclo fiscal se aprieta, y tarde o temprano siempre se aprieta, la institución que no tiene fuentes propias de recursos queda a merced de decisiones que no controla. Una universidad financieramente frágil es, en la práctica, una universidad menos libre. La autonomía que tanto defendemos en el discurso se sostiene, en la realidad, sobre unas finanzas sanas.
La buena noticia es que las universidades se sientan sobre activos que rara vez aprovechan. Su conocimiento, sus laboratorios, su experticia y su credibilidad son fuentes potenciales de ingreso que, bien gestionadas, sirven a la sociedad y a la caja al mismo tiempo. La educación continua, la consultoría especializada, la investigación aplicada por contrato, la transferencia tecnológica y los servicios de laboratorio no son «privatizar» la universidad: son ponerla a producir valor para su entorno y a cobrar por ello con criterio. Diversificar los ingresos no traiciona la misión pública; la protege.
Pero la sostenibilidad no es solo un asunto de ingresos; es, sobre todo, de la calidad del gasto. Y aquí la disciplina económica tiene mucho que decir. Demasiadas instituciones presupuestan por inercia, se repite lo del año anterior, en lugar de presupuestar por resultados. Gastar bien no significa gastar menos: significa gastar con criterio, midiendo el impacto de cada peso, con transparencia y con datos confiables sobre la mesa. Una universidad que decide con evidencia, y no con costumbre, rinde más con los mismos recursos y le responde mejor a la sociedad que la sostiene.
Nada de esto convierte a la universidad en una empresa ni la aleja de su naturaleza pública. Al contrario. Se trata de asegurar que la institución que forma el talento de una región pueda perdurar, crecer y cumplir su misión sin depender del humor del presupuesto de turno. La sostenibilidad no es un lujo tecnocrático: es la condición material para que la universidad siga siendo autónoma, crítica y libre.
La reforma que celebramos hace unas semanas puso más recursos sobre la mesa. Ahora viene la parte difícil y menos vistosa: administrarlos con inteligencia, diversificar las fuentes y gastar con rigor. De esa tarea callada y poco glamorosa depende que la universidad pública no solo reciba más, sino que dure más y sirva mejor. Porque, al final, la libertad de pensar también se financia.
