La universidad pública: la inversión que ninguna región debería aplazar
Colombia acaba de dar un paso que llevaba casi tres décadas esperando. La reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, sancionada este año, ató por fin la financiación de las universidades estatales al crecimiento real de la economía. Es, sin duda, una buena noticia. Pero conviene decirlo con la misma claridad: más recursos no equivalen, por sí solos, a mejores universidades. La pregunta que viene ahora es más difícil y más importante que la del presupuesto: ¿qué vamos a hacer con ellos?
Como economista, me he acostumbrado a mirar la educación no como un gasto sino como la inversión de mayor retorno social que puede hacer un territorio. Los datos son consistentes en todo el mundo: cada peso bien invertido en formar capital humano regresa multiplicado en productividad, en empleo formal, en menor desigualdad y hasta en menos violencia. No hay política de desarrollo regional seria que no tenga a la universidad pública en el centro. Y sin embargo, seguimos tratándola como si fuera una línea más del gasto y no la columna vertebral del futuro.
El problema de fondo es que muchas regiones de Colombia viven una paradoja dolorosa: forman talento y luego lo ven partir. Los jóvenes más capaces terminan emigrando a las grandes ciudades porque no encuentran en casa ni la oferta académica pertinente ni las oportunidades para aplicar lo que aprendieron. Cada egresado que se va es una inversión pública que el territorio hizo y cuyo dividendo cosecha otro. Retener y multiplicar ese talento no es un asunto sentimental: es la política económica regional más rentable que existe.
Por eso la conversación no puede quedarse en cuánto dinero llega, sino en cómo lograr que ese dinero se traduzca en tres cosas concretas.
La primera es calidad con resultados, en ese sentido, la acreditación de alta calidad dejó de ser un adorno para convertirse en la garantía mínima de que un título sirve. El nuevo modelo de acreditación que rige en el país es más exigente: ya no basta con tener buenos planes, hay que demostrar impacto. Las universidades públicas de las regiones deben prepararse con tiempo y rigor para ese estándar, o se quedarán atrás.
La segunda es pertinencia y empleabilidad, por tal razón, una universidad regional que investiga sobre los problemas de su territorio (su economía, su ruralidad, su transición energética, su seguridad) y que forma profesionales que el mercado local necesita, se vuelve indispensable. La investigación no puede ser un ejercicio de vanidad académica desconectado de la vida de la gente; tiene que resolver, o al menos iluminar, los desafíos de la región que la financia.
La tercera es modernización y sostenibilidad, esto hace referencia a la transformación digital, el uso ético de la inteligencia artificial, la ciencia abierta y una gestión basada en datos ya no son lujos del futuro: son las herramientas del presente. Y a ellas hay que sumar una vieja disciplina económica que a las instituciones públicas les cuesta: diversificar sus ingresos y gastar mejor, para no depender exclusivamente de las transferencias.
La reforma a la Ley 30 abrió una ventana que no se abría hacía treinta años. Pero las ventanas se cierran. Lo que hagamos con este momento (los gobiernos, sí, pero también las propias universidades y sus comunidades) definirá si nuestras regiones siguen exportando su mejor talento o si por fin aprenden a retenerlo y a florecer con él.
Al final, la riqueza de un territorio no está en su suelo ni en sus rentas: está en su gente formada. El talento es lo único que, bien cultivado, transforma de verdad una región. Aprovechar esta oportunidad para cultivarlo es, quizás, la decisión más importante que tenemos por delante.
