¿Paz total o rendición del Estado?
Desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia, una de las discusiones más intensas en Colombia ha girado en torno a la política de “Paz Total”. Quienes la defienden sostienen que busca poner fin a décadas de conflicto armado mediante el diálogo. Sin embargo, como ciudadano y observador de la realidad nacional, considero que los resultados obtenidos hasta ahora permiten cuestionar seriamente si esta estrategia ha fortalecido al Estado o, por el contrario, ha debilitado la autoridad de las Fuerzas Militares y de Policía frente a los grupos armados ilegales.
Mi percepción se fundamenta en hechos ampliamente documentados por entidades oficiales, centros de análisis y medios de comunicación. Durante los últimos años, organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN y diversas disidencias de las FARC han mantenido o ampliado su presencia en distintas regiones del país. Informes de la Defensoría del Pueblo y de la Fundación Ideas para la Paz han advertido sobre el aumento de disputas territoriales, confinamientos, desplazamientos y afectaciones a la población civil en varias zonas del territorio nacional.
A ello se suma la sensación de incertidumbre que han generado algunos ceses al fuego y procesos de negociación que, en determinados momentos, limitaron operaciones ofensivas mientras los grupos ilegales continuaban ejerciendo control sobre comunidades y corredores estratégicos. Para muchos colombianos, esa situación proyectó una imagen de debilidad institucional y envió un mensaje equivocado a quienes desafían la autoridad del Estado.
No afirmo que buscar la paz sea un error. Por el contrario, toda democracia tiene la obligación de explorar caminos que permitan reducir la violencia. Lo que cuestiono es que esos esfuerzos no pueden traducirse en una pérdida de capacidad operativa ni en un deterioro de la moral de quienes tienen la misión constitucional de proteger a los ciudadanos.
Las Fuerzas Militares y la Policía representan uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad colombiana. Cuando sus integrantes perciben mensajes contradictorios o restricciones que favorecen a organizaciones armadas ilegales, se corre el riesgo de afectar la confianza de la ciudadanía y la efectividad de la seguridad nacional.
La paz es un objetivo legítimo y necesario. Pero una paz duradera solo puede construirse desde la fortaleza institucional, el respeto por la ley y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en todo el territorio. Si el equilibrio entre diálogo y seguridad se rompe, el país corre el riesgo de que la búsqueda de la paz termine siendo percibida como una concesión excesiva frente a quienes han utilizado las armas para desafiar la democracia.
