SAE entrega de forma definitiva 880 establecimientos de Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó este lunes la entrega definitiva de 880 establecimientos de comercio pertenecientes a la extinta sociedad Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud y Protección Social. La firma del acta, realizada en la sede principal de la SAE en Bogotá, consolida un proceso que inició en mayo de 2024 con la transferencia de las acciones del Grupo Empresarial Drogas La Rebaja al Estado.

La entrega se realizó en destinación definitiva, a título gratuito y con valor social, con el objetivo de fortalecer el sistema de salud en Colombia. Con esta acción, el Ministerio de Salud asume plenamente la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de la cadena de farmacias, que operará como un actor estratégico en la distribución de medicamentos, especialmente en regiones apartadas y de difícil acceso.

“Estamos haciendo la entrega definitiva de Drogas La Rebaja, junto con locales comerciales destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Para nosotros, como Sociedad de Activos Especiales, es un gran apoyo a una prioridad del Gobierno del Cambio: garantizar la salud de los colombianos”, expresó Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.

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Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó el valor estratégico de la adquisición. “Después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos al servicio de todos los colombianos”, afirmó.

Drogas La Rebaja, una de las cadenas de farmacias más reconocidas del país, formó parte del emporio empresarial construido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del extinto cartel de Cali. En 2016, tras un proceso judicial, se decretó la extinción de dominio de las sociedades vinculadas al grupo, que desde entonces quedaron bajo administración estatal.

La entrega definitiva de estos activos representa no solo un avance en la recuperación de bienes ilícitos, sino también una oportunidad para fortalecer el acceso a medicamentos y servicios de salud en Colombia, bajo un modelo público con enfoque territorial y social.