Opinión

De esto también tenemos que hablar

Camilo Ernesto Ossa Bocanegra

Camilo Ernesto Ossa Bocanegra

Abogado Esp. Der. Público Uexternado | Mágister en AED y Políticas Públicas usal |Curso Law & Economics Harvard |ExPersonero de Ibagué |Docente U. | #Dignidad

Cifras alarmantes y altamente preocupantes, las que se dieron a conocer en el debate de control político realizado en el Concejo Municipal la semana pasada; según la Secretaría de Salud de Ibagué, en el periodo 2020-2023 se han identificado 3.614 casos de intentos de suicidio en la ciudad, cifras que, en conjunto con los casos de suicidio, nos tienen en mora de adelantar una política pública y colocar, este tema, en el primer lugar de la agenda local para enfrentar la problemática.

Del debate acaecido la semana pasada, si bien, según la administración local, se han destinado recursos y profesionales para atender esta emergencia –porque lo es-, lo cierto es que poco esfuerzo se ha dirigido a entender la causa y los múltiples factores que “disparan” el problema (más allá de la “bochornosa” valoración de la “otrora” secretaría de salud, iniciando el año 2020), sí es fundamental iniciar desde cero en el diagnóstico y atención del problema, además, porque es obligación del Estado proveer asistencia a los grupos sociales vulnerables y, en tratándose de salud pública, todos lo somos.

¡Una política pública! Es lo que necesitamos y, a partir de ahí, generar acciones que trasciendan del discurso y señalen la ruta para atender los casos que día a día crecen en Ibagué –la causa generadora de estas situación que viven miles de ibaguereños –de los que puede no escapar nadie incluso, quien hoy les escribe, o quienes me leen. Todos la podemos llegar a padecer ¿por qué no?-. La administración municipal carece de hacedores (plural) de políticas públicas, eso es un hecho, tal vez, por el marcado clientelismo local, pero aquí sí se requiere voluntad y capacidad (conocimiento y experiencia) y llegar a enfocar esa política pública en acciones concretas que respondan a tres elementos mínimos de actuación: diagnóstico y justificación, viabilidad (en esencia presupuestaria) y efectividad.

Primero, un diagnóstico, profesional y experto, que nos acerque a la realidad y, conforme al problema de salud pública que estamos enfrentando los ciudadanos, también tengamos claro que el municipio no goza de “buena salud”, la economía (empleo y oportunidades) y la garantía social de un verdadero proyecto de vida, contribuyen al asunto. Segundo, la viabilidad que, por un lado, no puede condicionar esta problemática, a una “utilidad” política medida en votos, pero, por el otro lado, una viabilidad presupuestaria en términos tanto estáticos (con una dotación de recursos suficientes para poner a andar la política), como dinámicos, como por ejemplo, para la financiación de Unidades de Salud especializadas o a la diferente composición poblacional. Tercero, necesitamos efectividad en la ejecución de la política, pues estamos hablando de la vida e integridad de las personas, eso no da espera.

Es una problemática de primer orden, de la que también tenemos que hablar, pues es por ti, por mí y por todos.

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