Grave escándalo sacude al Gobierno: Corte Suprema revela presunta compra de votos en la Comisión de Crédito Público

Un detallado informe de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, revelado por La W Radio, destapó una presunta operación criminal desde las altas esferas del Gobierno Nacional para comprar los votos de congresistas en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con el fin de lograr la aprobación de cupos de endeudamiento vitales para el Ejecutivo durante 2023.

De acuerdo con la Corte, altos funcionarios del Ministerio de Hacienda habrían participado en una estructura secreta y bien orquestada que incluyó negociaciones informales, promesas de proyectos y gestiones a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con la que se pretendía satisfacer las exigencias de varios congresistas a cambio de su voto favorable.

Entre los parlamentarios implicados se encuentran Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo. En tanto, del lado del Gobierno, los nombres señalados por su participación activa son el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el entonces viceministro Diego Guevara y María Alejandra Benavides, funcionaria clave en la operación.

Según los hallazgos, todo comenzó en septiembre de 2023 cuando, ante la resistencia de varios congresistas a aprobar créditos solicitados por el Ejecutivo, se iniciaron acercamientos informales. Desde entonces, se produjeron múltiples reuniones secretas, desayunos políticos y conversaciones privadas donde se discutieron “canales de gestión” de proyectos estratégicos como Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, utilizados presuntamente como moneda de cambio por los votos.

Una conversación entre Benavides y Guevara el 6 de diciembre de 2023 da cuenta del carácter reservado de estas gestiones:
– “Luz Stella y los de la interparlamentaria no saben nada de nuestros compromisos”, dijo Benavides.
– “Al fin vamos a avanzar en privado con ellos y con el Min”, respondió Guevara.

La Corte Suprema considera acreditado que los congresistas habrían recibido promesas de beneficios a cambio de cumplir funciones legales de asesoría, lo que representa un riesgo grave para la administración pública. Además, sostiene que el ministro Bonilla no solo tuvo conocimiento, sino que avaló directamente algunas de las gestiones, como lo muestra un chat del 5 de diciembre desde Dubái, donde autoriza a Benavides y Guevara a avanzar con los congresistas.

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Las pruebas también muestran que las reuniones eran ocultadas incluso al personal técnico del Ministerio, como la Dirección de Crédito Público, que debía estar al tanto del proceso. Además, se excluyó de las discusiones a otros miembros de la Comisión que no hacían parte del presunto acuerdo, como la senadora Imelda Daza.

La presión por parte de los congresistas también quedó evidenciada en los chats. Manzur, uno de los señalados líderes del grupo, advertía a Benavides que sin avances, la Comisión no sesionaría. Y así ocurrió el 14 de diciembre, cuando se canceló una sesión crítica para ganar tiempo al Gobierno. Dos días después, tras una reunión urgente entre Bonilla y el entonces director de la UNGRD, Olmedo López, los congresistas votaron favorablemente el último crédito pendiente.

La resolución del 15 de diciembre, que autorizó $700.000 millones para la UNGRD, fue clave para asegurar los recursos de los proyectos previamente negociados. De inmediato, Benavides compartió la resolución con Manzur y Manrique, confirmando el cierre del pacto.

Otro punto crítico en el expediente judicial es la llamada reunión del “cónclave”, el 27 de noviembre de 2023, donde participaron varios ministros como Guillermo Alfonso Jaramillo, Gloria Inés Ramírez y Mauricio Lizcano, y donde, según testimonios y chats, se discutieron temas sensibles sobre la estrategia del Gobierno con el Congreso. La Corte califica esta reunión como opaca e informal, evidenciando la intención de mantener ocultos los temas tratados.

La comparación con el escándalo de la Yidispolítica en el gobierno de Álvaro Uribe no es casual. La Corte sostiene que en ambos casos se ofrecieron o entregaron beneficios a congresistas a cambio de su voto, lo que constituye una grave violación al sistema democrático y al principio de separación de poderes.

Aunque aún no hay decisión definitiva sobre la imputación formal a los señalados, las pruebas recopiladas —incluyendo conversaciones, registros de reuniones, y testimonios— plantean un panorama de extrema gravedad. Además, llama la atención la mención de otros nombres como Jhon Fredy Núñez y Gustavo Moreno, quienes, aunque no están judicializados, aparecen vinculados en los chats.

La última palabra está en manos de los magistrados de la Corte, quienes deberán decidir si estos hechos, calificados como una probable negociación criminal entre el Ejecutivo y miembros del Congreso, avanzan a juicio. Lo cierto es que el escándalo reabre el debate sobre la corrupción política en Colombia y el uso indebido de recursos públicos como herramienta de presión legislativa.