¿Hacia dónde vamos?
Continuamos con los discursos y comunicados delirantes del presidente Gustavo Petro. En su cuenta de X, al señor se le ocurrió continuar destilando odio porque no está de acuerdo con que el Consejo de Estado haya determinado que el Consejo Nacional Electoral sea el competente para investigar su campaña por violar los topes por más de 5300 millones de pesos y, en vez de recurrir a la ley para apoyar sus ideas, pide “lucha popular”, porque no acepta que lo hayan despojado de su fuero. Pareciera que al señor no le afectó el “estallido social” que patrocinó y que, al parecer, le quedó gustando.
Sucede que la campaña Petro presidente voló los topes establecidos, como se ha comprobado a través de aquellos que aportaron a la causa y no están reportados en los libros, como es el caso de Fecode y la USO. Sin embargo, el argumento de algunos es que esos topes se violaron al pagar los testigos electorales, que no están contemplados en al artículo 3ero de la Ley 996 de 2005 como “Actividades de la campaña presidencial”, porque su presencia o actividad no tiene como objetivo traer más votos para el candidato. Lo que me deja como duda: si el pago de los testigos electorales no se considera una actividad de la campaña, ¿de dónde se supone que sale ese dinero? ¿Quién es, entonces, responsable de conseguirlo y girarlo?
Lo que debemos tener en cuenta es que la violación de los topes hace referencia a los ingresos, no a los egresos. Según el artículo 12 de la misma ley “El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria, tanto de los recursos aportados por el Estado, como los aportados por los particulares”, así que, por ese lado, podría haber investigación.
Infortunadamente, el grave problema es que, según el parágrafo del artículo 21 de la misma ley, “La denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección presidencial” y aquí es donde las cosas se complican, porque todas las dudas sobre cómo se financió la campaña “Petro presidente”, obedecen a una queja anónima que se presenta en febrero de 2023, lo que dejaría la denuncia por fuera de fechas y significa que no hay nada qué hacer.
Ante esta situación, el presidente Petro, en vez de respetar las instituciones y pedir el cumplimiento de la ley, a lo que tiene derecho como todo colombiano, se dedica a utilizar su ya conocida verborrea para incitar a las bases de su partido, a sus seguidores, a que lo respalden a través de las vías de hecho, diciendo que quieren darle un golpe de Estado. Esta actitud me deja una inquietud: si el presidente sabe que su campaña no violó los topes ¿por qué teme tanto a la investigación? ¿O su reacción es porque sabe que hubo violación de topes y que su elección correría riesgos? ¿Es por eso que necesita a sus escuderos, a los que enseñó y patrocinó en el cómo infringir la ley?
De nuevo, creo que es la ley la que no ayuda a la solución del caso, porque treinta (30) días para denunciar financiación irregular parece poco. Estamos claros en que la denuncia que no se presente en el tiempo establecido en el Código Penal, no aplica, lo que ocurriría en este caso. Sin embargo, hacerla, aunque su resultado no tenga implicación dentro de lo legal, sí podría tenerlo desde lo social, porque permitiría que los colombianos conocieran la integridad que tuvo la campaña que llevó a su candidato a ocupar el cargo. Conocer si todo estuvo bajo la ley, dará una idea del calibre y talante del elegido y de su compromiso con el cumplimiento de ésta. Nos ayudaría a saber hacia dónde vamos.
