Un gobierno que no decepciona… a la delincuencia
Comenzamos otra semana y, como es costumbre, no hemos terminado de procesar lo que hizo el “Gobierno del Cambio” la semana anterior. Para comenzar, su salida de la Junta Directiva del Banco de la República, aquella que preside y en la que es necesaria la presencia del ministro de Hacienda para modificar las tasas de interés que rigen al sector financiero del país, parece una mala broma al lado de lo que se avecina.
Ahora, el presidente ha salido, en su cuenta de X como es costumbre, hablando sobre lo que parecen ser interceptaciones telefónicas de Inteligencia que, según él, evidencian que Abelado de La Espriella está negociando con los hermanos Bautista, dueños de Thomas Greg & Sons, su triunfo en las elecciones a cambio de devolverles el contrato para la fabricación de pasaportes.
De ser esto verdad, de existir la evidencia necesaria que supongo, son las grabaciones de las llamadas telefónicas, las denuncias por parte del presidente ante las entidades encargadas como el CNE, Consejo Nacional Electoral o la Misión de Observación Electoral, MOE, no deben hacerse esperar. Nadie puede permitir que los resultados de las elecciones en nuestro país sean manipulados, menos el jefe de Estado, así que esperamos una agitada semana electoral, de lo contrario, quedará en evidencia una vez más, que lo de Gustavo Petro, presidente de Colombia, es sólo narrativa e invención, nada de acción.
También debemos terminar de procesar el regreso de Cielo Rusinque a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que fue posible gracias a que el Gobierno decidió cambiar el perfil del cargo para que fuera viable su reinstalación. Recordemos que Rusinque, quien era la superintendente desde febrero de 2024, fue apartada de la SIC porque el Consejo de Estado anuló su nombramiento debido a que no cumplía con el perfil requerido. Sin embargo, ese tipo de ‘minucias’ son hábilmente manejadas por el Gobierno Petro y el problema fue solucionado modificando los requisitos para ocupar el cargo, algo normal en este gobierno.
Y ni qué decir de la orden que dio el propio presidente Petro a la Fiscalía, de levantar las órdenes de captura de 23 cabecillas de bandas delincuenciales en Medellín. Esto ocurre después de que, en junio del año pasado, Petro subió a una tarima en La Alpujarra con varios de estos delincuentes convictos. El objetivo de esta medida es nombrar a los delincuentes “como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) de Medellín y el Valle de Aburrá”. Confiemos en que tanta confianza se vea retribuida en que ninguno de los beneficiados volverá a delinquir nunca más.
Lo que sí es claro en cada uno de sus movimientos, es que nuevamente, el gobierno parece estar más del lado de los delincuentes que de los ciudadanos que cumplen y respetan la ley, al permitir que convictos sean excarcelados; al cambiar el perfil de los cargos para que sean sus amigos lo que puedan ocuparlos y al andar por ahí, generando terror sobre las elecciones con el único fin de tener excusa para incendiar el país en caso de no resultar ganador su candidato Iván Cepeda, lo que debería ser considerado por las autoridades como participación en política. Todas, medidas tomadas para beneficiar a quienes perjudican al país.
