¿Jugando con fuego? El archivo de la reforma laboral y el contraataque de Petro
El 18 de marzo de 2025, la Comisión Séptima del Senado archivó, sin discusión previa, la reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, dos años antes, en marzo de 2023.
Esto ocurrió a pesar de que, en septiembre de 2024, la Cámara de Representantes había aprobado la ponencia positiva con 91 votos a favor y solo 4 en contra, lo que permitió iniciar el debate del articulado. Un mes después, en octubre, la plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto con 93 votos a favor y 13 en contra, habilitando así su tránsito al Senado.
Mientras el Senado archivaba el proyecto, en varias ciudades del país se llevaban a cabo movilizaciones en apoyo a una reforma que proponía, entre otras cosas: reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, pagar el recargo nocturno desde las 7:00 p.m. (en lugar de las 9:00 p.m.), aumentar al 100 % el recargo por trabajo dominical y festivo, mejorar las condiciones de los aprendices del SENA, regular el trabajo en plataformas digitales y reconocer nuevas licencias por salud menstrual.
A mi no me sorprende que el archivo de esta reforma representara un revés para el presidente Petro; mucho menos considerando la acogida que tuvo en la Cámara y el hecho de que nunca fue discutida en el Senado. Ni me parece extraño que, en respuesta a ello, el presidente anunciara su intención de convocar una consulta popular para que fuera la ciudadanía quien decidiera. A lo largo de su mandato, Gustavo Petro no ha dado señales de estar dispuesto a ceder ni en un ápice su proyecto, sino de insistir en él, y con frecuencia ha recurrido a la movilización en las calles como herramienta política y fuente de legitimidad.
El pasado 14 de mayo, en una votación cerrada, el Senado le negó al Gobierno la posibilidad de convocar la consulta: 49 senadores votaron en contra y 47 a favor.
El 3 de junio de 2025, el presidente anunció que convocará la consulta por decreto, alegando que la votación fue fraudulenta. El anuncio ha generado fuertes críticas desde diversos sectores políticos y empresariales, que denuncian una posible vulneración del equilibrio de poderes y de los principios de la democracia representativa.
Si el presidente insiste en convocar esta consulta por decreto, como anunció, ese acto podría ser demandado ante la Corte Constitucional, que tendría la última palabra sobre su legalidad.
Ahora bien, haciendo un recuento de los hechos desencadenados desde el archivo del proyecto, yo me pregunto si la Comisión Séptima no estaba jugando con fuego al desechar una reforma que respondía a demandas de sectores sociales representados por el primer gobierno de izquierda en el país. ¿Y por qué se atrevió a ello? Pero, además, me pregunto si en lugar de solamente estar promoviendo el temor hacia un presidente que sabemos que es intransigente, no deberíamos estar reflexionando también sobre el país que se podría estar gestando.
En el caso particular de esta reforma, en Colombia, donde las condiciones laborales son más precarias que las de varios países vecinos, y la cual buscaba revertir varios elementos de la Ley 789 de 2002, cuyo objetivo de generar empleo y aumentar la productividad no se ha podido validar, no parece adecuado haber cerrado la propuesta sin debate ni ignorar la demanda de la reforma.
Hay que reconocer que en un contexto de alta polarización, el archivo no solo canceló una iniciativa legislativa: encendió una nueva fase del conflicto político. Pero podría ser una oportunidad para ayudar a gestar un país más justo.
