Oligarquía, de los terratenientes a los narcotraficantes
“No encuentro en la historia nacional el ejemplo de un período de gobierno que no se haya constituido en una oligarquía.”
—Alfonso López Pumarejo
El concepto moderno de oligarquía definido por Winters (2011) que corresponde a los individuos que concentran la riqueza de una sociedad al punto que están en condiciones de incidir en las decisiones de poder relacionadas con la defensa de la propiedad de su riqueza, no es reciente en Colombia.
Su comienzo se remonta al momento mismo en que se establece una regencia representativa de la corona en territorio americano superando el caótico periodo de la conquista y dando comienzo a la regida época de la colonia.
A diferencia de lo que se podría pensar, la lucha contra la oligarquía en aquel entonces fue encabezada hábilmente por Andrés Díaz Venero de Leyva como Gobernador de la Real Audiencia de Santafé, enviado por la corona para proteger los derechos de los indígenas en sus colonias.
Por su parte, los oligarcas eran los terratenientes, representados por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quezada, quienes concentraban la mayor riqueza de la sociedad y que, con el fin de defenderla acudirían a inventar escándalos y posteriores juicios durante los siguientes doscientos años en contra de los sucesivos presidentes de la Real Audiencia.
La llegada de los españoles al Nuevo Reino de Granada a finales de la conquista con la promesa de una mejor vida, cuando ya el oro había sido saqueado, la tierra apropiada, los indios esclavizados y el poder entregado de manera hegemónica por la corona, originó una lucha por los cargos burocráticos con la única intención de acumular riquezas a través de la corrupción.
Poco tiempo después descubrirían en los neófitos territorios “pacificados”, como eran llamados por orden del rey Felipe II en reemplazo de la sangrienta y despiadada palabra “conquista”, las minas de oro aún sin explorar para las que era necesario esclavizar indígenas e importar esclavos que realizarán la letal tarea de explotación que les permitió a muchos lograr la mejor vida que les habían prometido.
El trabajo en las minas era terriblemente duro. En España estaba reservado a delincuentes condenados como castigo, pero, sin embargo, en América eran legales las muertes acontecidas por los riesgos asociados a esta nefasta labor.
Muy pronto la balanza comercial de la colonia se dependería entre la exportación del oro y la importación de esclavos para su obtención.
Mientras en la periferia los españoles se enriquecían taimadamente mientras cometían las mayores injusticias y los peores abusos, en la capital reinaban la violencia, la corrupción y la anarquía.
Para colocar orden el Consejo de Indias creado por el padre de Felipe II, Carlos I con el objetivo de controlar las posesiones de la corona en América y que funcionaba en Madrid (España), decidió crear en Santafé la Real Audiencia.
Aunque su fundación oficial fue en 1550, solamente hasta 1564 fue posesionado su primer presidente, Andrés Díaz Venero de Leyva, ya que los anteriormente asignados habían sido envenenados o resultaban muertos en extrañas circunstancias.
Aunque la intención de la corona era crear un órgano que funcionara como tribunal de justicia sustituyendo la omnipotencia del gobernador, lo cierto es que, hasta aquel momento eran frecuentes las quejas a España de la Audiencia del Consejo por “la insaciable codicia de los encomenderos”; de los encomenderos por “los corruptísimos oidores” y de los dos respecto a los “escandalosos, sueltos y deshonestos” frailes.
La llegada de Díaz Venero de Leyva, un hombre de carácter y lealtad hacia la corona, dispuesto a hacer cumplir la Ley de las Indias promulgada por la corona española para regular la vida social, política y económica de los territorios americanos que les pertenecían y que otorgaban derechos básicos a los indígenas en sus colonias, suscitaría una rivalidad con quien representaba el poder oligárquico de la época, Gonzalo Jiménez de Quezada.
Díaz Venero de Leyva se sorprendería al ver que, en desafío a las leyes de la corona, los encomenderos “echaban a los indios a las minas, los cargaban, los alquilaban, los vendían y los empeñaban como hato de ganado” haciéndolos trabajar de manera obligatoria y sin paga, con jornadas extensas sin descanso dominical contrario a lo que prescribía la monarquía.
Aunque se aseguró de que los terratenientes conocieran de primera mano la Ley de las Indias vigilando a través de las visitas de sus oidores su cumplimiento, las consecuencias no se hicieron esperar. Los 12 años que permaneció Díaz Venero de Leyva en su cargo fueron interrumpidos cada lustro con demandas colocadas por Jiménez de Quezada y sus partidarios con el fin de derrocarlo, lo que no lograron ganando al final de su carrera, además, el reconocimiento y gratitud de la corona.
Una de las principales medidas contemplada en las leyes de Indias que sería implementada por el Gobernador generándole enemistades poderosas, fue la creación de los resguardos indígenas, tierras de propiedad colectiva e inalienable adjudicadas a los indios de los antiguos cacicazgos para que pudieran trabajar la agricultura como medio de subsistencia antes que contratarse en las haciendas o en las minas de los terratenientes por salarios miserables en condiciones reprobables.
La historia se repetiría con todos los presidentes de la Audiencia de Santafé, que fueron veintinueve en casi dos siglos. Saldrían del puesto sometidos a inexorables juicios derivados de severas acusaciones por parte de los notables locales yendo, en algunas oportunidades inclusive presos, pero, a continuación, siendo absueltos y premiados por la corona española.
La única excepción fue Juan de Borja y Armendia quien gobernaría veintidós años muriendo tranquilamente en Santafé sin haberse visto nunca envuelto en el menor escándalo ni llevado a ningún juicio. Nieto de San Francisco de Borja, duque de Gandía y tercer general de los jesuitas, y tataranieto de Alejandro VI, el famoso Papa Borgia, es posible que fuera quien mejor entendía los intereses de los oligarcas santafereños lo que le permitiría mantener una estratégica paz.
La Real Audiencia sería reemplazada posteriormente por los virreinatos cuando en España con la muerte del rey Carlos II “el Hechizado” sin descendencia, se extinguiera la rama española de la casa de Habsburgo imponiéndose la dinastía Borbón en cabeza de Felipe V, como los nuevos monarcas hacia el año 1700.
Para que podamos decir que alguien es oligarca, éste debe disponer de los medios materiales suficientes para influir sobre las políticas relacionadas con la preservación de su riqueza. Los oligarcas se han asemejado a los más ricos de la sociedad ya que, ¿quién con el suficiente dinero no haría lo necesario para conservar sus privilegios y su riqueza?
En el estricto sentido, en Colombia el más selecto grupo de oligarcas de los últimos años han sido los narcotraficantes quienes con su inmenso poder económico han comprado conciencias eliminando a quienes osaban enfrentárseles, influyendo hasta en la redacción de la carta magna del país contenida en la Constitución Política expedida el 13 de junio de 1991, de tal manera que no incluyera la extradición con la consiguiente confiscación de sus bienes. Su efecto inmediato fue la entrega de Pablo Escobar el 19 de junio, bajo sus propias condiciones, llegando inclusive a ser prisionero en una cárcel construida por él mismo.
En las próximas elecciones no queda más que esperar que aparezca otro Andrés Díaz Venero de Leyva que defienda y proteja los intereses de los menos favorecidos frente a la oligarquía cada día más poderosa.
