Por Miguel, por mi mamá, por los niños reclutados, y por Colombia, yo no olvido
Dentro de pocos días los colombianos volveremos a las urnas. Como ocurre en cada campaña electoral, volverán las promesas, los discursos emocionantes, los videos cuidadosamente editados y las invitaciones a creer que ahora sí llegará el cambio que el país necesita.
Pero esta vez, cuando llegue el momento de votar, yo no quiero hacerlo desde la emoción. Quiero hacerlo desde la memoria.
Durante años escuchamos que Colombia necesitaba un cambio ético. Que la corrupción era el gran cáncer de la política. Que quienes llegaban al poder iban a gobernar de manera diferente. Que los recursos públicos serían respetados y que las necesidades de la gente estarían por encima de los intereses políticos.
Sin embargo, el gobierno que prometió convertirse en el abanderado de la lucha contra la corrupción terminó rodeado por algunos de los mayores escándalos de los últimos años.
El caso de la UNGRD es quizás el ejemplo más doloroso. Recursos destinados a atender emergencias y ayudar a poblaciones vulnerables terminaron convertidos en el centro de una investigación por corrupción que involucra sobrecostos, contratos cuestionados y presuntos sobornos para obtener apoyos políticos.
No se trata únicamente de dinero perdido. Se trata de confianza perdida.
Porque cuando un gobierno llega al poder prometiendo superioridad moral, el estándar con el que debe ser medido también es más alto.
Pero para mí esta discusión no es solamente política.
Es profundamente personal.
Mi mamá falleció después de una dura lucha contra el cáncer de páncreas con metástasis hepática. Como miles de familias colombianas, vivimos la angustia de depender de un sistema de salud que cada día parecía más frágil e incierto.
Sería injusto afirmar que todos los problemas de la salud comenzaron con este gobierno. Las dificultades venían de años atrás. Pero también sería injusto ignorar que durante estos años aumentó la sensación de incertidumbre para pacientes y familias.
El Gobierno insistió en que el sistema necesitaba transformaciones profundas. Tal vez tenía razón en algunos diagnósticos. Sin embargo, una reforma tan sensible exige planeación, capacidad técnica y responsabilidad fiscal. Cuando las decisiones públicas generan incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos, medicamentos o atención médica, quienes pagan las consecuencias no son los políticos. Son los pacientes.
Son las madres.
Son las familias.
Son las personas que esperan una autorización, un examen o un medicamento mientras luchan por seguir viviendo.
Por eso, cuando escucho debates políticos sobre cifras y reformas, inevitablemente pienso en mi mamá.
También pienso en la seguridad.
La llamada Paz Total prometía reducir la violencia y abrir nuevos caminos para la reconciliación nacional. Sin embargo, los resultados han sido profundamente cuestionados. Persisten el reclutamiento de menores, la expansión territorial de grupos armados ilegales, la extorsión, el secuestro y el miedo en muchas regiones del país.
Miles de niños colombianos siguen siendo víctimas de estructuras criminales que les roban la infancia y el futuro.
Mientras tanto, los ciudadanos observan con preocupación cómo el Estado parece perder capacidad para imponer autoridad en territorios donde quienes mandan son los grupos ilegales.
Y entonces ocurrió el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
Más allá de las diferencias ideológicas que cada ciudadano pueda tener con él, el hecho representa una advertencia que ningún colombiano debería ignorar.
Cuando la violencia regresa al centro del debate político, todos perdemos.
Las autoridades deben llegar hasta el fondo de las investigaciones y establecer responsabilidades con total transparencia. Colombia no puede permitirse volver a los tiempos en los que las diferencias políticas se resolvían mediante el miedo o las armas.
Algunos dirán que este gobierno también tuvo logros. Es cierto. Sería intelectualmente deshonesto negarlo. Como cualquier administración, deja avances que sus defensores consideran importantes.
Pero cuando intento hacer un balance general, encuentro un gobierno que prometió unir y terminó polarizando; que prometió transparencia y terminó golpeado por escándalos; que prometió fortalecer la confianza ciudadana y terminó profundizando la incertidumbre institucional.
Por eso mi voto no nace del odio.
No nace de la revancha.
No nace de una consigna partidista.
Nace de la memoria.
De la memoria de una madre que luchó por vivir.
De la memoria de los pacientes que siguen esperando respuestas.
De la memoria de los niños reclutados por grupos armados.
De la memoria de una ciudadanía que creyó en promesas de cambio y terminó enfrentando nuevas decepciones.
Cuando llegue el día de las elecciones, cada colombiano tendrá sus propias razones para votar.
Yo tendré las mías.
Por Miguel.
Por mi mamá.
Por los niños y niñas reclutados.
Y porque Colombia merece que la memoria pese más que los discursos.
