El Tigre sí es como lo pintan
Abelardo de la Espriella, el abogado del diablo para algunos y el líder que el país necesita para otros, obtuvo la más alta votación en primera vuelta de la historia republicana de Colombia. Sí, la más alta.
Parece que las polémicas por presionar a una periodista para que opinara sobre el tamaño de sus genitales y la calificación de “ignorante” a otra de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana hubieran aumentado sus votos, demostrando que Colombia es un país de tigres.
Ni siquiera una entrevista de 2014, en la que el hoy candidato a la Presidencia de Colombia narró con gracia que cuando niño era “terrible” y que se divertía maltratando gatos, menguó su caudal electoral, que rompió los pronósticos de todas las encuestas que daban como indudable ganador al candidato del oficialismo.
El fenómeno electoral cuenta con una manada de tigrillos que aplauden todas las salidas de su candidato y lo defienden con todas las garras, incluso cuando, en un acto de abierta chabacanería, imitó la voz de Juan Daniel Oviedo, abiertamente homosexual, añadiendo que había “vainas” de él que “no le gustaban” y que “no tenían arreglo”.
Lo que sus seguidores parecen no notar es el peligro que representa que alguien tan cercano al paramilitarismo esté próximo a llegar a la Casa de Nariño.
Aunque De la Espriella ha rechazado públicamente el apoyo de los partidos tradicionales, en las últimas semanas aceptó la visita del polémico expresidente Álvaro Uribe, apenas unos días antes de que la Corte Suprema de Justicia confirmara de manera definitiva la irrisoria condena de 28 años de cárcel a su hermano por cometer delitos de lesa humanidad relacionados con el paramilitarismo.
La innegable cercanía del Tigre con el partido de Uribe Vélez, el Centro Democrático, se confirmó cuando escogió como fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y de Comercio durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
El vínculo del Tigre con los paramilitares es de larga data. Su primer registro público se remonta a julio de 2003, cuando, con apenas 25 años, actuó como asesor legal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las mesas de negociación de San José de Ralito, precisamente durante el gobierno de Uribe Vélez.
Tres años después, ya como director de su firma de abogados, asumió la defensa penal de polémicos congresistas y políticos que fueron procesados y condenados por aliarse con paramilitares para ganar elecciones, en un escándalo conocido como la parapolítica.
Y, como suele decirse, el pez muere por la boca. La confirmación de su simpatía por los sanguinarios paramilitares surgió precisamente de unas declaraciones en las que afirmó que Salvatore Mancuso, a quien llama su amigo, asumió una lucha que, a su juicio, debieron dar todos los habitantes de su adoptivo departamento de Córdoba.
Aunque todo esto ya constituye prueba suficiente para que prosperen las demandas penales en su contra que han llegado incluso hasta la Corte Penal Internacional, es su estrecha relación con el condenado y prófugo exjefe narcoparamilitar del Bloque Norte de las AUC, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias el “Comandante Barbie”, lo que lo ha convertido en un enemigo directo del actual presidente, Gustavo Petro.
Contrario a lo que han dicho los medios alternativos, que la hermana e hijastros de Rodríguez Fuentes sean sus socios en la quebrada empresa con la cual De la Espriella produce y comercializa su conocida marca de ron, o que le haya comprado al paramilitar una inmensa finca llamada Nueva Jerusalén, en Becerril, Cesar, que casualmente colinda con otras utilizadas por los paramilitares como bases de operación y se encuentra justo sobre un título minero de carbón asignado a la multinacional Drummond, no es lo que lo hace peligroso.
Lo que lo convierte en una verdadera amenaza es que ya ha demostrado que su interés no está en la verdad, ni en la justicia ni, mucho menos, en la reparación de las víctimas del paramilitarismo.
Su objetivo —y el de su oficina de abogados— es devolverles a las autodefensas las tierras expropiadas a los paramilitares que el presidente Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras, ha restituido a campesinos víctimas de la violencia.
Para la muestra, un botón. La finca La América, en Chimichagua, que le fue expropiada a Rodríguez Fuentes como parte de su condena y que el Gobierno compró formalmente al Fondo para la Reparación de las Víctimas, fue entregada posteriormente a más de cien familias campesinas en noviembre de 2024.
Hasta ahí, el final parecía feliz. Pero entonces llegó Abelardo de la Espriella y su bufete de abogados a interponer una demanda para recuperarle esta finca al Comandante Barbie, argumentando que la venta estatal había sido ilegal porque sobre el predio pesaban medidas cautelares previas, desatando un complejo choque de decisiones entre la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de Justicia y Paz que aún está por resolverse.
Una estrategia similar utilizó para devolver las fincas La Alquería y Caja de Ahorros, en Valledupar, a la familia Rodríguez Fuentes, cuyos intereses representa.
Como parte de la política de reforma agraria impulsada por el presidente Petro en todo el territorio nacional, la Agencia Nacional de Tierras recuperó estas más de 600 hectáreas y las destinó oficialmente a programas de reforma agraria, anunciando su entrega definitiva a dos asociaciones de campesinos locales que carecían de tierras para trabajar.
Fue entonces cuando llegó De la Espriella con sus abogados e interpuso una demanda en la que solicitó la devolución de las tierras a la familia del narcotraficante —sus socios comerciales— bajo el argumento de que ellos no eran él y que él no era ellos, desconociendo que, durante décadas, su esposa e hijastros habían mantenido una fachada de legalidad corporativa o “lavado de tierras”, explotándolas ilícitamente mientras consolidaban un patrimonio acumulado durante los años de violencia.
Las derrotas de Petro frente al Tigre en los dos casos anteriores parecieron compensarse con el logro conseguido en febrero de 2024, cuando un juez de extinción de dominio de Bogotá ordenó devolver a Rodríguez Fuentes y su familia 61 bienes, entre ellos cerca de 10.000 hectáreas de tierra, una fortuna que llevaba casi veinte años incautada por el Estado.
La llegada a la Presidencia de alguien como Abelardo de la Espriella, quien afirmó en un artículo publicado en una revista jurídica que, aunque moral y ética son la misma cosa, el derecho y la moral pueden llegar a ser incluso contradictorios, pone en duda si su intención al asumir este cargo será cumplir con los mandatos de la Constitución Política de Colombia o alimentar al tigre insaciable de poder y riqueza que parece llevar dentro.
