Descentralización territorial activa y material
Son muchos los hechos importantes tras la elección de Gustavo Petro como presidente, sin lugar a dudas, se esperan grandes transformaciones, anunciadas en su discurso una vez conocida su elección, consistentes en lo que llamó “un Gobierno de la Vida”, basado, principalmente en la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Un mensaje que de entrada marca un cambio en relación con las políticas implementadas por el actual gobierno en esas tres materias.
Con esa premisa de antesala, esperamos, debe iniciar el tiempo regional, el mensaje en las urnas fue poderoso y, esto, requiere entender todas las dinámicas territoriales como factores de estabilización para lograr, por un lado, esa justicia social anunciada por el presidente electo y, por el otro, también una justicia ambiental (enmarcada principalmente en liderar la lucha contra el cambio climático), sin olvidar la justicia económica, como vehículo materializador del “Gobierno de la Vida”. La oportunidad para las regiones debe suponer, en primer lugar, desarrollar la descentralización territorial en Colombia, ya no solo como una principio constitucional, sino como una realidad que le permita a los territorios aspirar al desarrollo de la mano de la generación de grandes proyectos, algunos de infraestructura (conectar el sector rural con el urbano), otros de apoyo e incentivo a la producción –agrícola, comercial, industrial, etc.- (generación de oportunidades y con un especial énfasis para los jóvenes y las mujeres), solo por citar dos ejemplos.
Del discurso logra extraerse que, ese Gran Acuerdo Nacional, propuesto por el presidente electo, se nutre, justamente, de la participación en un “Diálogo Regional Vinculante”, donde, según lo dicho el pasado 19 de junio, “lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, para construir la prosperidad regional, se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple”. De ser así, requiere también una amplia sintonía de los gobiernos municipales y departamentales, para que, acorde con la vocación económica de cada pueblo, poder estructurar y presentar los proyectos que lleven a la denominada “prosperidad”. Un término bastante amplio que debe ser leído e interpretado de acuerdo a la necesidad de cada ciudad o departamento, para saber hacia dónde se debe ir. La pelota también se la están pasando a los alcaldes y gobernadores, así que ¡pilas!, debemos recobrar importancia política y económica, porque el presidente Petro señaló que “sobre la base de los Diálogos Regionales, poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz”.
Por esa razón, para el Tolima, resulta fundamental ser pertinentes en el debate público y político de nuestra vocación económica y productiva, la misma que termina soportando, no solo la gran industria, sino también las pequeñas formas de producción y asociación que alimentan las economías locales; hay que dejar la intranscendencia política (dejar el silencio de la representación regional frente a la nación de lo que necesitamos), ponernos de acuerdo en buscar mejorar las condiciones de sectores económicos fundamentales para el departamento, como es el caso del sector agrícola y el sector textil, pero también en sectores con amplio impacto social, como es el caso del acceso y cobertura de los servicios públicos, en especial en relación con el agua potable y la conectividad, en vías por supuesto, pero también en acceso a internet, con un fuerte énfasis y atención del sector rural.
